El secretario general del Congreso, Manuel Alba, ha decidido abrir una investigación detallada sobre dos de los letrados de las Cortes, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz. Ambos compatibilizan su labor profesional en la Cámara con el ejercicio de la abogacía en el bufete EIUS, en el que trabaja el diputado del PP y exministro de Justicia José María Michavila. Este despacho ha prestado servicios a varios de los implicados en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.
Como informó este diario, Dorrego, que fue subordinado de Michavila en el ministerio, es el actual director del citado despacho y ha llevado personalmente casos al exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, imputado en el caso. Es experto en Derecho Contencioso-Administrativo. La factura que este bufete pasó al consistorio de Boadilla asciende a 100.000 euros. Al mismo tiempo, Dorrego colabora en negocios de otro imputado en la red, el empresario José Luis Ulibarri, que ha sido beneficiado por González Panero con una adjudicación que estudia Garzón. Y todavía le queda tiempo para ejercer sus labores en el Congreso de los Diputados como letrado de la Comisión de Administraciones Públicas.
En parecida situación está Andrés Jiménez Díaz, otro de los abogados de EIUS, que este año ganó la plaza de letrado de las Cortes, según el diario Público . Desarrolla su labor en la Comisión de Presupuestos y en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE.
ACTIVIDADES PARALELAS Estos hechos han provocado que el Parlamento abra una investigación para determinar si las actividades paralelas que desarrollan Dorrego y Jiménez Díaz resultan incompatibles con su trabajo en la Cámara.
Según fuentes parlamentarias, la noticia no generó debate entre los portavoces de los grupos, ya que la información facilitada se limitó a la comunicación de la apertura de diligencias a fin de averiguar si, en contra de lo establecido en el Estatuto de Personal de las Cortes Generales, Dorrego y Jiménez han desarrollado actividades privadas que puedan "comprometer su imparcialidad o independencia".
El asunto llegó a las ruedas de prensa que, tras la reunión de la Mesa, suelen ofrecer los portavoces. Al preguntársele a Soraya Sáenz de Santamaría si el PP piensa adoptar alguna medida con el diputado Michavila, respondió: "No estoy acostumbrada a tomar medidas respecto a las informaciones que solo aparecen en los medios".
La semana pasada, El Mundo reveló que el exministro de Justicia llegó a pedir seis millones de euros a Mutua Madrileña como mediador entre esta empresa y la consultora Global Health, cliente de su bufete, para construir una ciudad sanitaria en Boadilla del Monte. Esta mediación se produjo en el 2006 a instancias del entonces alcalde, Arturo González Panero, ahora imputado por Garzón. La operación no salió bien, pero el despacho de Michavila logró más contratos de Panero.
RESPUESTA DEL FISCAL Mientras, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer que a lo largo de esta semana la fiscalía anticorrupción propondrá a qué instancia judicial --el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y la Comunidad Valenciana-- debe dejar el juez Baltasar Garzón la investigación sobre la trama de corrupción.
