El Congreso votará hoy una iniciativa de CiU para aumentar la participación de la Cámara Baja en las negociaciones que el Gobierno entable con otros países para permitir el voto de los inmigrantes en las elecciones municipales. Se trata de una moción que debatirá el Pleno del Congreso en la tarde de mañana y que es consecuencia de una interpelación anterior de CIU, en la que el diputado Jordi Xucl acusó al Ejecutivo de haber emprendido "la mayor modulación del censo electoral" de la democracia "de espaldas" al Parlamento.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, informó hace dos semanas en el Congreso de que el Gobierno daba por cerradas las negociaciones con una quincena de países para permitir que más de un millón de inmigrantes residentes en España puedan votar en los comicios municipales, a partir de 2011. De esos países, precisó, sólo en tres (Bolivia, Venezuela y Uruguay) no ha terminado por completo el proceso para la firma del acuerdo bilateral que permitirá el voto inmigrante, basado en el principio de reciprocidad, es decir, que los españoles residentes en ese país también puedan participar allí en las elecciones municipales.
CiU se queja de que los acuerdos cerrados hasta la fecha han llegado al Congreso, tras su aprobación en Consejo de Ministros, en forma de canjes de notas y recuerda que es "inhabitual" que los grupos presenten enmiendas a este tipo de convenios internacionales. El Ejecutivo ha roto así, en opinión de Xucl, la tradición de "consensuar" con los grupos parlamentarios las reformas electorales, y eso que desde otoño existe una subcomisión encargada de estudiar las posibles reformas de la Ley Electoral.
El Gobierno, advierte CiU, no ha consultado con los grupos aspectos "muy sensibles" de estas medidas, como si el extranjero que vote en España renuncia o no a participar en los comicios locales de su país. CiU también ha expresado sus dudas ante el criterio que regirá para reconocer el derecho de voto, los cinco años de residencia legal e ininterrumpida, ya que lo considera un criterio "automático" y que no tiene en cuenta el "arraigo efectivo".
Moratinos explicó que si el Gobierno ha ido más rápido que la subcomisión ha sido porque las negociaciones se han centrado en aquellos países que presentaban menos dificultades para alcanzar un acuerdo, ya que su legislación contempla el derecho de voto para los españoles residentes en sus territorios.
En el caso de estos 15 países la subcomisión, explicó en el Congreso el pasado 27 de mayo, "no tenía que aportar nuevos datos" dado que no existían "dificultades". Moratinos señaló que la subcomisión podría desempeñar un papel en la nueva fase que se inicia ahora.
SEGUNDA FASE
El Gobierno aspira a que otros países como Marruecos, Argelia, República Dominicana o Brasil, que no cumplen el principio de reciprocidad pero cuentan con una colonia importante de ciudadanos en nuestro país, reconozcan en sus legislaciones el derecho de voto a los españoles.
No obstante, la moción de CiU va encaminada a que el Gobierno mantenga "permanentemente informada" a la Comisión Constitucional sobre toda negociación que entable con otro país sobre la cuestión del voto inmigrante, también en el caso de los trabajos que ya se han emprendido --y que el Gobierno cree prácticamente concluidos-- con Bolivia, Venezuela y Uruguay. Entre otras cosas, CiU cree que el Congreso debería poder debatir sobre si procedería firmar un acuerdo de este tipo con países que no cumplan con el "respeto a los derechos humanos y el progreso hacia la democracia", tal y como expuso Xucl en la interpelación.
Moratinos ya se pronunció entonces al respecto. En su opinión, no se debería tener este criterio cuenta porque no sería justo "discriminar" a un trabajador por la política de su país. Según CiU, debería ser el secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios, Javier Elorza, quien debería comparecer ante la Comisión Constitucional para informar del curso de estas negociaciones.
