Pilar Fernández Bozal, consellera de Justicia del primer Gobierno de Artur Mas, redactó en el 2009 como mínimo dos de los recursos que la Abogacía General del Estado en Cataluña presentó contra la consulta independentista que Arenys de Munt (Barcelona) celebró el 13 de septiembre y que Convergència respaldó.
Fue un episodio bien extraño. El primer letrado que representó al Estado ante los tribunales era un excandidato falangista, Jorge Buxadé, que estaba a las órdenes de Fernández Bozal. Cuando este se retiró a un segundo plano, la hoy consellera firmó al menos dos recursos que, releídos, sorprenden. Sostenía que Arenys de Munt amenazaba "la estabilidad política y social" de España al ceder sus locales para el referendo y equiparaba la decisión municipal a la de ayuntamientos vascos que instalan capillas ardientes de terroristas.
