El Tribunal Constitucional avaló ayer, por unanimidad, la ley de partidos que permite ilegalizar a Batasuna al rechazar el recurso presentado por el Gobierno vasco. Los partidos nacionalistas criticaron el fallo del Constitucional, que fue celebrado por el PP y el PSOE.
Fuentes próximas a los magistrados adelantaron a este diario que los argumentos de la sentencia --de 140 folios y que se conocerá hoy-- rechazan las tesis defendidas por el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe. Según esas fuentes, el Constitucional considera que la ley de partidos políticos no es una norma singular y que no ha redactado expresamente para ilegalizar a Batasuna.
REGIMEN GENERAL
Los jueces explican que esa ley es aplicable a cualquier formación política, ya que la Constitución ampara los fines de los partidos políticos, sean los que sean, pero rechaza que se empleen medios violentos para alcanzarlos. Asimismo, el tribunal añade que no es una ley sancionadora porque se limita a regular el régimen general de partidos y subrayan que sólo afecta a las formaciones que no respetan la legalidad.
Además, el Constitucional defiende la aprobación de esta norma, en contra de la opinión del Gobierno vasco, ya que sostiene que la ley de asociaciones no es suficiente para regular a las formaciones políticas, que están expresamente protegidas en la Carta Magna al ser los vehículos para canalizar la opinión ciudadana.
El portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, criticó el fallo del tribunal, que tildó de "político". La diputada de EA Begoña Lasagabaster mostró su respeto por la sentencia, pero consideró "grave" que se "haya criminalizado" al Gobierno vasco por presentar el recurso. En cambio, el ministro de Justicia, José María Michavila, expresó su "satisfacción" y estimó que es "un trabajo bien hecho en favor de la democracia y en la lucha contra el terrorismo".
Esta sentencia llega como agua de mayo para el Tribunal Supremo, que hoy comienza a deliberar sobre la ilegalización de Batasuna según la nueva ley. La formación de Arnaldo Otegi planteó una cuestión de inconstitucionalidad, que ha quedado superada por la decisión del alto tribunal.
