El Tribunal Constitucional no pudo hacer pública ayer su sentencia sobre los recursos presentados por AuB y las agrupaciones electorales anuladas por el Tribunal Supremo porque tres de los seis magistrados que tenían que tomar la decisión consideraban que el plazo les vence hoy. El alto tribunal tenía todo dispuesto para comunicar su fallo antes de las 12 de la noche, hora en la que empieza la campaña del 25 de mayo.

Fuentes del alto tribunal explicaron que el presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, no pudo convencer a tres jueces de que debían votar la sentencia. Esos magistrados interpretaron que tenían más tiempo para tomar una decisión, ya que la ley les exige resolver los recursos en un plazo de tres días que empiezan a contar desde que se notificó la sentencia del Tribunal Supremo a los afectados.

Hasta la sede del tribunal se desplazaron el Abogado jefe del Estado, Arturo García Tizón, los procuradores de las formaciones anuladas, y miembros del Boletín Oficial del Estado para imprimir el fallo del Constitucional. Además, el alto tribunal tenía todo preparado para notificar el resultado de las deliberaciones a todos los organismos afectados por fax o correo electrónico. Sin embargo, los jueces, a la hora de cerrar esta edición, seguían reunidos, sin alcanzar un acuerdo.

REGISTRO EN IMPRENTA

Entretanto, el juez Garzón autorizó a la policía un registro en una imprenta ubicada en las cercanías de Pamplona ante la sospecha de que AuB estuviera imprimiendo papeletas. Pero la policía no confiscó ninguna, ya que el dueño de la imprenta explicó que estaba realizando esa labor por encargo de la Delegación del Gobierno en Navarra.

En esa imprenta también se estaban confeccionando las papeletas del resto de las formaciones que concurren el 25 de mayo, ya que son las que sufraga el erario público y se entregan a los partidos cuando empieza la campaña. No obstante, la Delegación del Gobierno había decidido paralizar la entrega a AuB hasta conocer la decisión del Constitucional.

El juez autorizó esa actuación porque si AuB había imprimido esas papeletas por su cuenta era la "prueba del delito" del plan de ETA para concurrir a estas elecciones, según fuentes jurídicas. Garzón investiga ese proyecto en el sumario sobre las actividades de la Udalbiltza Kursaal (asamblea de municipios de Batasuna) en el que están imputadas 8 personas, todas en prisión. Además, el juez ha citado a declarar el 23 de mayo, el último día de la campaña, a los actuales alcaldes de EH en Oiartzun (Guipúzcoa) y Ondarroa (Vizcaya), Xabier Iragorri y Loren Arkotxa, por ser los presidentes de la Udalbiltza Kursaal y de la Udalbiltza Fondoa (la de PNV-EA), y a otras 4 personas.

El Gobierno dijo ayer que las personas que den datos sobre los votos que obtengan las plataformas anuladas cometerán un delito electoral. AuB ha afirmado que distribuirá sus papeletas y ha logrado del PNV, EA y EB-IU el compromiso de contabilizar las que se introduzcan en las urnas, diferenciándolas de los demás votos nulos. El Gobierno amenaza con la actuación del fiscal contra los que informen de ese recuento.