El Tribunal Constitucional ratificó ayer la decisión del Supremo de invalidar las listas electorales presentadas por la plataforma aberzale Aukera Guztiak (AG, Todas las Opciones). El alto tribunal deliberó ayer hasta unos minutos antes del comienzo de la campaña electoral en el País Vasco sobre la documentación presentada por la fiscalía y la Abogacía del Estado --quienes consideran a AG continuadora de la ilegalizada Batasuna-- y las alegaciones de los promotores de las listas, que consideran su participación en las elecciones "perfectamente legal". El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esperaba que el Constitucional adoptara su decisión antes del comienzo de la campaña, a las cero horas.

TRES DIAS Los magistrados del Constitucional comenzaron a deliberar a las cuatro de la tarde de ayer y dieron a conocer su decisión al filo de la medianoche. La Fiscalía del Estado y la Abogacía presentaron sus informes a las 11 de la mañana del pasado miércoles. El tribunal trasladó los mismos a los representantes de AG y le concedió de plazo hasta las tres de la tarde de ayer para rebatirlos. Legalmente, los magistrados del Constitucional tienen 72 horas (tres días) para emitir su veredicto, pero tanto las partes como el conjunto de las fuerzas políticas esperaban que se pronunciasen antes del comienzo de la campaña.

La fiscalía y la Abogacía del Estado aportaron al Supremo datos que probaban que AG es el disfraz de la ilegalizada Batasuna, y reiteraron sus argumentos a favor de la prohibición de las listas ante el tribunal de garantías constitucionales. Fuentes de ambos organismos confiaban en que el Constitucional ratificase --como finalmente hizo-- la decisión de la Sala Especial del Supremo, la misma que ilegalizó a Batasuna en marzo del 2003, adoptada por unanimidad de sus 16 magistrados el día 25.

Por su parte, la cabeza de lista de AG por Vizcaya, María Jesús Rodríguez de Lera, dijo que las alegaciones de los letrados de su agrupación pretendían "desmantelar" los argumentos de la fiscalía y la Abogacía del Estado y señaló, en referencia a los avalistas vinculados con Batasuna, que "todas sus actividades eran legales, por lo que no hay base para impugnar las listas".

Mientras, PSOE y PP confiaban en que el Constitucional ratificara la decisión del Supremo y no abriera un resquicio a quienes no condenan el terrorismo. AG, por su parte, ya había anunciado que si el veredicto era negativo solicitaría el apoyo de los grupos que rechazaron la ley de partidos y probablemente pediría el "voto nulo" el 17-A.