La suerte está echada. El Tribunal Constitucional registró ayer los recursos del Gobierno y el PP contra la consulta popular que el lendakari, Juan José Ibarretxe, tiene prevista para el próximo 25 de octubre. El alto tribunal ha habilitado el mes de agosto para decidir, antes del 15 de septiembre, si la propuesta del Gobierno vasco es o no legal. Esta semana está previsto que el Constitucional suspenda la consulta por un plazo de cinco meses.

El abogado-jefe de los servicios jurídicos del Estado, Joaquín de Fuentes; la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Saénz de Santamaría, y el firmante del escrito, el también popular Federico Trillo, acudieron en persona ante el alto tribunal para presentar sus demandas. Paralelamente, el lendakari convocó a los medios para lanzar un dura crítica al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y anunciar que buscará una salida si se anula su propuesta.

LOS ARGUMENTOS El Gobierno reclama al alto tribunal que anule la consulta por entender que precisa para celebrarse de una "autorización estatal". Además, considera que el lendakari plantea "cuestiones de especial trascendencia política para todo el pueblo español" y no solo para los vascos. Por ello, sostiene que es un referendo ilegal que viola el espíritu constitucional.

Asimismo, defiende que las preguntas que plantea la consulta, el fin dialogado de la violencia de ETA y las relaciones del Gobierno vasco con el Ejecutivo central, "han de ser consultadas en un referendo nacional y no en uno autonómico". El abogado del Estado también sostiene que el procedimiento elegido por Ibarretxe es "absolutamente excepcional". También que incumple el reglamento del Parlamento vasco porque afecta a la división de poderes al alegar unas circunstancias excepcionales y una situación de urgencia para imponer "su voluntad". El Gobierno central niega que la consulta se deba convocar ante el "hastío" de los vascos para alcanzar la normalización o "la situación de bloqueo" que existe entre Euskadi y España.

EL PAPEL DE ETA Por su parte, el PP presentó su recurso para "defender la soberanía del pueblo español". A su juicio, la consulta sobre el final dialogado con ETA "elude la voluntad del pueblo español en su conjunto y concede a la banda terrorista el carácter de sujeto válido de interlocución política". El partido que dirige Mariano Rajoy, igual que lo ha hecho el abogado del Estado, ha pedido al alto tribunal que resuelva su demanda antes del 15 de septiembre. Ese día, los vascos podrán comenzar a pedir el voto por correo para participar en la consulta.

Ibarretxe tildó la decisión del Gobierno de "prepotente y arbitraria". A su juicio, el recurso del abogado del Estado es un "despropósito democrático" y un "ataque directo" a la autonomía. Por ello, sentenció que la iniciativa jurídica es una "suspensión de hecho" del autogobierno político pactado en el Estatuto, que, en su opinión, deja "indefensas" a las instituciones vascas.

LA ADVERTENCIA El lendakari también reclamó que el Constitucional resuelva esta cuestión antes de que comiencen los plazos para la celebración de la consulta o que levante la suspensión para celebrar la misma. Ibarretxe explicó que, en caso contrario, se produciría un daño "irreparable e irreversible". Además, advirtió de que el Gobierno vasco se reserva la adopción de "iniciativas legales, sociales y políticas" para defender el derecho de los vascos a ser consultados. Para Ibarretxe, la consulta es "un derecho humano que no necesita ser positivizado". El lendakari evitó concretar las vías que emprenderá si se anula la consulta. La dirección del PNV sostiene que acatará el fallo.