El Tribunal Constitucional se ha acostumbrado a vivir en la anomalía y así seguirá durante los próximos meses o años, si los dos grandes partidos, PSOE y PP, no lo remedian. Esta semana se producirá el esperado relevo de los cuatro magistrados designados por el Senado que llevaban tres años caducados. Podría haber sido un punto de inflexión. Una vez solventada la renovación, la institución podía haber empezado a recuperar el prestigio perdido, pero los siguientes nombramientos, los correspondientes al cuarteto del Congreso, están ya encallados por un nuevo desacuerdo entre socialistas y conservadores. Y lo que es peor, esta nueva pugna no tiene perspectivas de resolverse a corto plazo. La sustitución podría incluso demorarse hasta la próxima legislatura, según reconocieron fuentes del Gobierno.
El mandato de los magistrados elegidos por la Cámara baja concluyó el pasado mes de noviembre y todo parecía indicar que esta vez no habría problemas para designar a los sustitutos. El Gobierno demoró la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los designados por el Senado para que los ocho tomasen posesión al mismo tiempo. Pero a la hora de poner los nombres sobre la mesa se vio sorprendido por el empeño del PP en proponer de nuevo a Enrique López, exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rechazado por los socialistas en el Senado porque no cumplía con la condición de haber ejercido la judicatura durante un mínimo de 15 años.
El PP sostiene que López tiene la misma legitimidad que cualquier otro candidato y no piensa dar marcha atrás, mientras que desde el grupo del PSOE se recuerda el papel de ariete contra el Gobierno de Zapatero que llevó a cabo durante su etapa al frente de la portavocía del CGPJ. "Lo rechazamos en el Senado y seguiremos haciéndolo en el Congreso, así que esperaremos a que el PP rectifique", indicaron fuentes del Ejecutivo.
La correlación de fuerzas con que queda conformado el nuevo Constitucional --los cuatro nuevos miembros juran sus cargos mañana-- no contribuirá precisamente a estimular las prisas gubernamentales. El sector progresista pasa a tener siete integrantes, frente a cuatro de los conservadores. Una posición de ventaja muy valiosa cuando van a dirimirse los recursos presentados a leyes tan importantes como la del matrimonio homosexual y la del aborto. El sector conservador dispone de un magistrado menos desde el fallecimiento de Roberto García-Calvo.
El primer asunto que deberá resolver el órgano es la designación de su próximo presidente. La actual, María Emilia Casas, forma parte del cuarteto cesante. El Gobierno apuesta por uno de los magistrados del sector progresista, Pascual Sala y, dada la mayoría que tiene, es muy probable que sea el escogido.
DISCIPULA DE ARAGON Cuando se produzca la incorporación de los magistrados correspondientes al Congreso, deberá votarse un nuevo presidente. Entonces, tendría opciones Manuel Ara- gón, el hombre designado a instancias del PSOE que fue clave en el recorte del Estatut. Entre los dos nombres que proponen los socialistas figura Paloma Biglino, una constitucionalista alumna suya, al igual que lo fue el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Aragón, bien visto por el sector conservador gracias a su papel contra la Carta catalana, podría apoyarse en este y en su discípula para ocupar uno de los cargos de mayor relieve del Estado, pero la nueva situación de bloqueo ha dejado en la cuneta estos cálculos.
