Tras dos meses en el Gobierno, Celestino Corbacho ha empezado a convertir su nuevo enfoque de la política de inmigración en propuestas de reforma de la ley y del reglamento de extranjería. El ministro de Trabajo propondrá establecer una serie de limitaciones a la reagrupación familiar, entre las que destaca la supresión del derecho a traer a los ascendientes, el establecimiento de unos meses concretos para la llegada de menores en edad escolar y la exigencia de una oferta de trabajo a los jóvenes de entre 16 y 18 años.
El objetivo es "ordenar" un fenómeno que en una situación de crisis económica podría traer a España a centenares de miles de personas cada año, "la gran mayoría de ellas fuera del sistema productivo con la consiguiente sobrecarga del sistema de bienestar social", según explicó Corbacho en declaraciones a este diario.
El Gobierno está obligado a reformar la normativa de extranjería para adaptarla a dos directivas europeas --las de reagrupación y residencia de larga duración--, a las recientes sentencias del Tribunal Constitucional y a las transferencias establecidas por algunos estatutos. Ninguno de estos cambios adquiere categoría de gran calado, pero Corbacho pretende aprovechar la oportunidad para introducir otras modificaciones "que adapten la normativa a las nuevas realidades y resuelvan problemas que se han detectado".
PROYECTO DE LEY EN OTOÑO Su intención es presentar sus "propuestas y reflexiones" en la primera Conferencia Sectorial de Inmigración, organismo de participación de las comunidades autónomas que se constituirá en julio; luego lo hará con los agentes sociales y, una vez alcanzados los acuerdos, tramitará los correspondientes proyectos de ley en el Congreso tras el verano.
La propuesta más articulada es el veto a la llegada de menores de entre 16 y 18 años sin oferta laboral. Con ello, Corbacho cree que se evitaría el actual fenómeno de los jóvenes extranjeros que "acaban pasando los días en las plazas y calles de los municipios porque ya han superado el límite de la enseñanza obligatoria y no tienen trabajo, ni la posibilidad de optar a cursos de formación ocupacional".
El reverso de la moneda será que la llegada a España de cónyuges reagrupados comportará automáticamente la concesión del permiso de trabajo, una demanda reiterada por una multitud de organizaciones e instituciones, y que figuraba en el programa electoral del PSOE.
Otro problema a resolver es la llegada de menores durante todo el curso escolar, que obliga a los colegios a una constante labor de adaptación. Un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística cifraba en más de medio millón los menores extranjeros cuyos padres tenían la intención de reagruparlos en los próximos años.
"¿Debemos mantener abierto el derecho a reagrupar durante 365 días al año, con la presión que significa tener siempre las matrículas vivas?", se pregunta el ministro, para responder que "sería útil establecer un determinado periodo para este tipo de llegadas que permita preparar la respuesta de las escuelas con un mínimo de previsión". "Es una reflexión", advierte, y añade que, antes de formular una propuesta articulada, esperará a escuchar las opiniones tanto del sector educativo como de las comunidades autónomas.
FUERA DEL NUCLEO FAMILIAR ¿Qué ocurre con los progenitores de los extranjeros? Para el ministro, "no forman parte del núcleo de la familia, que es el matrimonio y los hijos", y además son población pasiva que "somete al sistema social a un estrés que afecta no solo a los españoles, sino a los inmigrantes que residen aquí".
