La «colaboración total» que el principal imputado en el caso Gürtel, Francisco Correa, anunció en el juicio de la primera época de esta trama corrupta no ha supuesto apenas novedades a lo que dijo entonces. Pero deja las cosas muy claras en el juicio que comenzó el lunes por la financiación ilegal del PP valenciano. Ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, declaró que fue por «iniciativa del PP» por lo que una de las empresas de su grupo, Orange Market, facturó a los empresarios que comparten con él el banquillo de los acusados servicios que en realidad había hecho para el partido en Valencia en las campañas electorales autonómicas y municipales del 2007 y generales del 2008.

Entre grandes aspavientos muy característicos del personaje, a Correa le costó identificar qué persona concreta le había hecho la propuesta de facturar a empresarios los servicios que había hecho al partido. Tuvo que hacerlo ante las preguntas del abogado del Estado Edmundo Bal, mucho más incisivas que las de la fiscala Anticorrupción Myriam Segura. Dudó cómo expresar que su mano derecha, Pablo Crespo, le había dicho que la facturación irregular partió del que era secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.

El líder de la Gürtel se situó en América y se remitió a la informarción que le daba Crespo del día a día de Orange Market, al frente de la que estaba Álvaro Pérez, el Bigotes. Eso sí, cuando sus respuestas eran negativas, corría a justificarse con un «no es que no quiera colaborar». Sabe que se juega 22 años de cárcel y que la fiscala le ha advertido que para una rebaja de la petición debe mantener la colaboración.

Correa llegó a decir: «En Valencia no conozco a nadie. En Madrid a todo el mundo». Como ejemplo añadió que solo había hablado en una ocasión con Costa. Y, como ya declaró en el principal juicio de Gürtel, sostuvo que Orange Market se creó a propuesta del expresidente valenciano Francisco Camps para desarrollar allí el buen trabajo hecho en Madrid, cuando acabó la colaboración que mantenía con el partido de Mariano Rajoy. Añadió que Camps había conocido a Bigotes, a través de Alejandro Agag, yerno del expresidente Aznar.

En cuanto al grueso de la acusación fiscal, Correa aseguró que Orange Market desarrolló «las campañas electorales y todo tipo de eventos» del PP de Valencia y para poder cobrarlos tuvieron que facturárselos a empresarios. «Imagino que los empresarios que se han sentado aquí, si querían tener más contratos de obra» con la Generalitat, «también tenían que hacerlo así», sostuvo. Su obsesión fue que con la Generalitat solo hizo «cuatro trabajos en seis años», mientras que para el PP, «todo».

RATIFICACIÓN DE EMPRESARIOS / Previamente, los nueve empresarios acusados admitieron ante el juez haber financiado irregularmente al PP valenciano durante las campañas electorales del 2007 y 2008. Reconocieron que pagaron a Orange Market servicios contratados por el partido y todos ellos vieron cómo las peticiones de prisión fiscales se trasformaban en multas y penas que en ningún caso supondrán su encarcelamiento.

Estos «grupos empresariales, que no podían hacer donaciones al partido por tener contratos con la Generalitat», se ocuparon de pagar 1.155.231 euros en las autonómicas del 2007, y 78.878, en las municipales. En el 2008, el monto no facturado por el PP ascendió a 801.810 euros, cantidad que Correa facturó a estos empresarios. El Partido Popular únicamente declaró como gasto de actos electorales del 2007 y 2008 un importe de 175.000 euros.