La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseveró hoy que el PSOE tiene "tolerancia cero" con la corrupción urbanística, un compromiso que, aseguró, ya manifestó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la "operación Malaya". En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Corredor hizo estas consideraciones después de que ayer un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos (PSOE), fuesen detenidas en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.

Corredor recordó que el PSOE tomó medidas "de forma inmediata" expulsando del partido a todas estas personas y reiteró que la Ley del Suelo, aprobada hace un año, es "un claro instrumento para luchar contra la corrupción urbanística". En este sentido, dijo que la citada Ley ofrece, entre otras medidas, la posibilidad de valorar el suelo de forma real y obliga a los ediles imputados a hacer pública su declaración de bienes, impidiendo que vuelvan, dos años después de su cese, a trabajar en algo sobre lo que se ha legislado.

Respecto al peso de la financiación municipal en los casos de corrupción, Corredor destacó que dicha financiación se tiene que tratar de forma paralela con la autonómica, lo que responde a una reclamación histórica de los ayuntamientos. Corredor aseguró que los planes de vivienda tienen que estar adaptados a las necesidades de cada comunidad, espíritu que quiere recoger en el nuevo Plan de Vivienda y lograr así, que sea eficaz.Preguntada por el alquiler de viviendas, Corredor reiteró que se trata de un problema cultural al que se le une el alto precio que tienen las rentas y la escasez de oferta.

Explicó que para paliar este problema hay varias líneas de actuación como potenciar la construcción de viviendas en alquiler, especialmente para colectivos específicos como jóvenes universitarios y mayores; la política de movilización de las viviendas vacías; o la mejora de la seguridad jurídica de los propietarios para que se animen a poner la vivienda en el mercado. Por último, Corredor indicó que, hasta el 30 de mayo, ya se habían recibido 130.000 solicitudes de la Renta Básica de Emancipación o ayuda directa de 210 euros al mes que aprobó el Ejecutivo el pasado año para facilitar el pago del alquiler de una vivienda a los jóvenes de entre 22 y 30 años que estén trabajando.