Sólo un mes. Ese es el perentorio plazo en el que el Gobierno pretende aprobar en el Congreso la reforma judicial embarrancada el jueves en el hemiciclo por la ausencia, entre otros, de 18 diputados socialistas. Reunido de urgencia y con carácter extraordinario, ayer el Consejo de Ministros, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, reenvió al Congreso un texto "idéntico" al que ya aprobó el pasado 15 de octubre para impedir que la derecha judicial cope la cúspide de la magistratura.

RECHAZO DE MARIN Como ya ha hecho en otras ocasiones, el Ejecutivo socialista se ha avenido a rectificar su postura inicial. Zapatero decidió dar marcha atrás el domingo, tras constatar que el primer plan --el de forzar una nueva votación en el pleno del Congreso para corregir la derrota-- contaba con la oposición no sólo del PP, sino también del presidente del Congreso, el socialista Manuel Marín, y de los servicios jurídicos de la Cámara.

La Mesa del Congreso calificará hoy el proyecto de ley, y el PSOE prevé forzar dos plenos extraordinarios --uno en el Congreso, la próxima semana, y otro en el Senado, la última de diciembre-- para agilizar la tramitación. De hecho, se ha enviado al Congreso el mismo texto que el 15 de octubre para soslayar la preceptiva petición de un dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que con carácter no vinculante tachó de "inconstitucional" el plan inicial.

El texto aprobado de nuevo por el Consejo de Ministros revisa el vigente sistema de nombramientos en el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia de las autonomías. Exige que el CGPJ acuerde la cobertura de las vacantes judiciales no por mayoría simple de sus vocales, como hasta ahora, sino con el apoyo de tres quintas partes del plenario. Es decir, que la actual mayoría conservadora no pueda seguir copando las vacantes con jueces afines y se vea obligada a pactar los nombramientos con la minoría progresista.

LOS OBJETIVOS En palabras de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el objetivo del texto es que la justicia "sea independiente, imparcial y plural", y que los nombramientos se realicen con el "máximo consenso". Las prisas del Ejecutivo responden a su deseo de que la reforma entre en vigor antes de que acabe el año para que así se pueda aplicar en enero, cuando el CGPJ cubra vacantes en el Supremo y en algunos tribunales superiores.

De la Vega admitió que el reenvío del proyecto al Congreso responde a la "polémica jurídica" suscitada por el plan del Gobierno de repetir la votación, pero también a la voluntad de disipar "toda duda" y dotar de "la máxima seguridad" al proyecto.

Angel Acebes, secretario general del PP, acusó ayer al Ejecutivo de atentar "contra la independencia del Poder Judicial y del Parlamento". A Marín le pidió que, como presidente del Congreso, "preserve la dignidad de la Cámara" y exija cumplir los plazos reglamentarios.