Un día después de la muerte en Madrid del menor Carlos Javier Palomino a manos de un militante de extrema derecha, el presidente de la asociación Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, se asomó a la web de Alianza Nacional, un partido que ha convocado para el próximo sábado una marcha contra la inmigración. Ibarra leyó el comunicado de invitación al acto xenófobo y dijo: "¿Lo ves? Esto no se puede permitir. Es como si se autorizaran manifestaciones contra Cataluña o contra los homosexuales. Las instituciones cometen una irresponsabilidad al minimizar el problema de los movimientos racistas". Como él, diversas oenegés, partidos políticos y sindicatos de policía señalaron ayer que todas las manifestaciones de tintes xenófobos deben prohibirse. El crimen del metro de Legazpi ha abierto el debate.
Palomino tenía 16 años y se topó con su presunto homicida cuando ambos se dirigían a una marcha de este tipo, organizada por Democracia Nacional y autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid, solo que el primero iba a reventarla y el segundo, a proclamar la supuesta necesidad de que España se convierta en un país sin inmigrantes. La pregunta parece clara: ¿Estaría ahora vivo este joven de 16 años si no se hubiera permitido el acto racista? Muchos piensan que probablemente sí.
PLAN ESPECIAL El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, sostuvo que "a estos grupos no se les presta la atención debida", algo negado por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho: "Existe un plan especial de seguimiento de bandas organizadas y violentas, y sus resultados son cada vez más positivos".
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, cree que el Ministerio del Interior tiene que negar a los xenófobos su derecho a manifestarse. Sánchez Fornet, del SUP, propone que una ley prohíba expresamente este tipo de marchas.
