La orden europea de detención y entrega remitida a Bélgica contra Carles Puigdemont y cuatro de sus 'consellers' cesados puede ser "un asunto judicial", pero la crisis política catalana sigue encendiendo y generando tensiones entre las distintas formaciones políticas del país. Hasta el punto de que el primer ministro belga, Charles Michel, volverá a dar explicaciones este miércoles ante la comisión de Interior del Parlamento belga.
La última ocasión en que Michel, liberal francófono, se pronunció sobre Puigdemont fue el 31 de octubre, un día después de la llegada del expresidente de la Generalitat. Y lo hizo para dejar claro que su Gobierno no lo ha invitado y que respetarán sus derechos como los de cualquier otro ciudadano europeo. Veinticuatro horas antes había intervenido para pedir a los políticos belgas que dejaran de echar "aceite al fuego" y de alimentar un debate que le ha causado muchos quebraderos de cabeza durante estas últimas semanas.
A tenor de los pronunciamientos de las últimas horas las aguas están lejos de volver a su cauce. Este domingo, el viceprimer ministro, el nacionalista flamenco de la N-VA Jan Jambon, arremetió contra España por "ir demasiado lejos" en la represión y denunció el silencio de las instituciones europeas. El presidente de los socialistas, y exprimer ministro belga Elio di Rupo, fue más lejos al acusar a Mariano Rajoy de comportarse como un "un franquista autoritario". Comentarios que generaron la indignación del líder del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, a quien ha respondido este lunes el líder de la N-VA, Bart de Wever, calificando de "intolerable" lo ocurrido en España y pidiendo al PP no dar lecciones sobre el pasado.
El Gobierno español, tranquilo
Este lunes, el ministro de exteriores, Didier Reynders, ha intentado calmar la situación recordando a sus colegas que es un asunto judicial que se debe resolver en la esfera de la justicia. Un "mensaje tranquilizador" que el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, ha agradecido a su colega. Superado este episodio y también el encontronazo del mes pasado con el primer ministro, cuando sugirió la posibilidad de utilizar un mediador internacional para resolver el asunto, el Gobierno español se siente tranquilo ante la actuación del Ejecutivo belga. Fuentes de la Moncloa señalan que en estos momentos se está en "una fase judicial" en la que solo cabe "el mayor respeto al sistema judicial belga". "El Gobierno no tiene nada que decir", aseguran, informa Pilar Santos.
También el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha dejado claro que su apoyo sigue siendo para el Gobierno de Rajoy porque no ve de qué forma España está vulnerando el Estado de derecho. "Creo más bien que los que no respetan el orden constitucional español están violando la ley", ha dicho en Bruselas.
