Merced a la crisis económica, los españoles están condenados a oír hablar en los próximos meses de la revisión del modelo autonómico. O al menos de algunas de sus "disfunciones". El PP lleva años tarareando la copla y ahora pretende recuperarla con fuerza a las puertas de los comicios autonómicos y locales de mayo del 2011. A eso hay que sumar que el Gobierno ha decidido difundir su propia versión de la pieza y encargar a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas un informe sobre "duplicidades, solapamientos o ineficiencias" del sistema territorial que será debatido en una próxima conferencia de presidentes.

Según apuntó en el Congreso el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, el objetivo gubernamental es corregir posibles errores del modelo vigente "siempre desde el respeto a las competencias" de las comunidades. El caso es que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero está obligado a sacar dinero de debajo de las piedras para hacer frente al asfixiante déficit. E incluso, si es menester, a arañarlo con determinados ajustes en la Administración territorial. Así pues, el debate sobre la "actualización" del modelo autonómico y la llegada a las Cortes de un nuevo proyecto de ley para "reforzar" los ayuntamientos dará mucho de qué hablar --y, casi con toda seguridad, de qué protestar-- a barones territoriales y partidos minoritarios.

BATALLA DEL DEFICIT Claro que gran parte de los gobiernos autonómicos, por mucho que ya huelan a elecciones, no pueden permitirse ahora gastar excesivos esfuerzos en pataletas contra las iniciativas del Ejecutivo. Las comunidades están ocupadas con el mandato de reducir sus déficits. Murcia y Castilla-La Mancha están obligadas a tomar medidas de calado para sanear sus maltrechas finanzas. Otras, como Valencia, Galicia, Canarias y Castilla y León, tienen que acelerar los recortes si no quieren que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, cumpla su amenaza de tomar las "medidas pertinentes" para sanear las cuentas de todos los escalones de la Administración. El resto de comunidades --Cataluña, Madrid, Euskadi, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra, Extremadura y Baleares-- deben seguir aplicándose con las tijeras si aspiran a mantener su derecho de emitir deuda.

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha dado pistas de por dónde irán sus propuestas cara a mayo y cara a las generales, en las que puede obtener la mayoría absoluta, según el último barómetro publicado por los periódicos de Grupo Zeta. Así, en octubre en Santander, en un congreso sobre la empresa familiar, apostó por liberalizar mercados y endurecer la disciplina presupuestaria. El es partidario de reformar la Constitución para fijar techos de gasto, también a comunidades y ayuntamientos. Asimismo, reconoció como un obstáculo para sus planes económicos "las patologías" derivadas del uso del modelo autonómico.

POLVAREDA "Es imprescindible que afrontemos una actualización del Estado de las autonomías ... y que fijemos qué Administración desempeña más eficientemente cada competencia", dijo entonces. Sus palabras levantaron una polvareda mediática y política, si bien es cierto que en el programa electoral con el que se presentó en el 2008 ya apostaba por introducir cambios en la Carta Magna para asegurar "la estabilidad" del modelo autonómico y la existencia de un Estado "viable", fijando definitivamente como competencias exclusivas estatales la política exterior, la defensa y la seguridad, pero también la garantía de la unidad de mercado, la ordenación general del crédito y la banca, y la coordinación de la gestión de crisis.