El Gobierno anuncia una nueva ley del aborto y el ministro Soria dice que una comisión de expertos estudiará regular el suicidio asistido. No se trata ya de cuidados paliativos a los enfermos terminales, sino de legalizar ayudar a morir a alguien que sufre una enfermedad incurable y lo desea. Es un asunto delicado pero es ley en Holanda, Bélgica y Suiza.
El portavoz del PP, González Pons, ha sentenciado: "Es una cortina de humo para tapar las víctimas del paro provocadas por la inutilidad profesional de Zapatero". Y un diario titula "El Gobierno convierte el choque con la Iglesia en línea principal de su política".
No es cierto. Ante la crisis Zapatero estuvo torpe antes del verano, pero comparecerá mañana en el Congreso. Y no tiene una papeleta fácil, ya que el paro aumentó en 621.000 personas, un 35%, entre los segundos trimestres del 2007 y del 2008. Y el domingo, en Rodiezmo, insistió en el gasto social, al asegurar que las pensiones mínimas crecerán un 6% en el 2009. La prensa de derechas titula "Zapatero subirá las pensiones un 6% falso aunque la economía no crezca nada falso". Es una apuesta basada en la creencia de que proteger las rentas bajas animará el consumo familiar, que se ha desplomado desde una tasa del 4,1% al 1,2% en un año.
La derecha no quiere un debate económico, solo pretende cargar todo el muerto a ZP, ocultando que el muy conservador Bush ha tenido que nacionalizar dos grandes bancos hipotecarios para afrontar la crisis. ¿Quién decreta que no interesa a nadie el debate sobre la ampliación del aborto, o el suicidio asistido?
En la práctica España es, desde hace años y con fraude de ley, un país muy permisivo en el aborto por riesgo psicológico para la madre. Pero, al mismo tiempo, el aborto se práctica casi siempre en clínicas privadas. Solo cuando es negocio.
Y mirar hacia otro lado no es posible cuando las clínicas tienen certificados firmados en blanco y los antiabortistas utilizan el delito para hacer salir a la luz el nombre de las mujeres abortistas.
Además el alargamiento de la vida provoca contradicciones en las sociedades modernas. El caso de personas con una dolorosa enfermedad incurable que quieren poner fin a su vida no es una "extravagancia". Y hay que ser muy bruto para afirmar, como González Pons, que "el suicidio asistido es liquidar al personal con cargo a la Seguridad Social".
No se trata de cortinas de humo ni de dar "cuatro boinazos" a la Iglesia. Mas allá de la crisis y de los errores de ZP --que hay que criticar-- tenemos derecho a cambiar la ley del aborto y a regular el suicido asistido. No estamos obligados por las normas de los obispos que protegen a Jiménez Losantos, o a la COPE. Faltaría más.
