La debacle electoral de la CUP en las pasadas elecciones del 21-D ha supuesto una inevitable disminución de sus ingresos a través de las instituciones, los principales para sufragar los gastos de la actividad del partido. Los anticapitalistas deberán apretarse el cinturón, ya que en esta nueva legislatura recibirán 59.770 euros mensuales menos de subvención parlamentaria (si en el mandato 2015-2017 recibían 102.950 euros, ahora serán 43.180) y verán mermadas de 20.000 a 8.000 euros mensuales las donaciones de sus diputados, que han pasado de ocupar de 10 a 4 escaños. Todo esto se traduce en una reducción de hasta el 58.37% de sus ingresos institucionales, que sobre el total de inyecciones del partido supone una rebaja del 43,8%.

Para sufragar sus cuentas, los 'cupaires' estudian distintas fórmulas que les permitan llenar su fondo y a la vez ahorrar. Una de las opciones más controvertidas es la de ocupar cargos de confianza que hasta ahora habían declinado. La CUP siempre ha criticado la poca fiscalización que se hace sobre ellos y la cantidad de plazas a disposición de los partidos, aunque ahora abre la puerta a aceptar esta posibilidad "cuando su trabajo efectivo esté vinculado a la institución que le contrata". Como partido político tiene derecho a plazas costeadas por el presupuesto del Parlament, por las cuatro diputaciones y por el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), unos ofrecimientos que hasta el momento los cuperos solo han aceptado en la Diputación de Girona, de Lleida y de Tarragona, con una plazaen cada una, y dos en el AMB (una se dedica a coordinar el grupo metropolitano y la otra gestiona la comunicación).

DE LIBERADOS A CARGOS DE CONFIANZA

En un documento que someterán a votación el próximo 3 de marzo en el consejo político, los anticapitalistas plantean que parte de su actual estructura de liberados ocupe una parte o todas las plazas disponibles en estas instituciones hasta las próximas elecciones al Parlament (en el caso de las ofrecidas por la Cámara catlana) y hasta las elecciones municipales del 2019 (en aquellas a disposición de las diputaciones). Las funciones de estos trabajadores deberán corresponder con las tareas que ya desarrollan como liberados.

Acorde con esta premisa, los integrantes de la Oficina Técnica Parlamentaria ocuparían las plazas que ofrece el hemiciclo catalán (una en este momento); los liberados de la territorial del Baix Llobregat y de Barcelona, las del AMB (que son dos); y los encargados del asesoramiento y la comunicación municipal de la territorial de Barcelona, las de la Diputación (que llegan hasta cinco). Actualmente, estas personas estan contratadas por la CUP y sus sueldos se pagan a través de las aportaciones que reciben como grupo político y del excedente salarial de los diputados, ya que acordaron fijarse un sueldo de unos 1.400 euros y donar el resto a la organización.

Eso sí, los ingresos por dietas e indemnización de estas nuevas plazas deberán ingresarlos al fondo del partido. Si la militancia decide que deben ocuparlas todas, la CUP estima un ahorro de hasta 432.316 euros, aunque la propuesta que se somete a votación también contempla usar sólo una parte de estos cargos.

AJUSTE DE SUELDOS

Por otra parte, plantean ajustar los sueldos de todos los liberados y cargos electos. Ahora bien, esta medida no afectará a los que trabajan a media jornada y se estudiarán criterios de valoración salarial para no perjudicar a los que tienen más cargas familiares. Proponen una bajada generalizada del 5% o bien una de progresiva, que sería del 6% en el primer estadio salarial (1.498,84 euros), 3% en el segundo (1.648,88 euros) y 1% en el tercero (1.789,61 euros). Para compensar esta reducción, estudian revisar los días de vacaciones y de libre disposición.

Los ingresos principales de la CUP, más allá de los institucionales, son las cuotas de sus militantes, el 10% del sueldo que donan los diputados al partido, el 10% de la subvención de los grupos municipales y el 30% de los grupos comarcales. En total, este nuevo escenario supone un 38% de disminución total respecto a la anterior. Por ello, otra de las medidas que hay sobre la mesa es aumentar la cuota de todos los militantes a 7 euros euros mensuales (ahora es de 5) o a 10, excepto para aquellos que cobran menos de 23.000 euros brutos anuales. También proponen modificar el porcentaje de aportación de los cargos electos al partido y aumentar la donación de la subvención que reciben los grupos políticos municipales.

Algunos de los primeros pasos para sufragar sus cuentas ya se han puesto en marcha. La mayoría de ellos son la eliminación o reducción de servicios contratados (como la telefonía y los servidores informáticos) y la no renovación de plazas de liberados no previstas en los estatutos. Aunque rechazan rebajar "drásticamente" el coste de las dietas porque las consideran "gastos reales de los liberados", limitan el precio del kilometraje a 0,19 euros cuando anteriormente era del 0,25.