El socavón del túnel del Carmel amenaza con llevarse por delante el objetivo principal de esta legislatura: la aprobación de un nuevo Estatuto catalán y la obtención de un sistema de financiación más justo para Cataluña, porque el deterioro en las relaciones entre el Gobierno tripartito catalán y la oposición nacionalista y conservadora amenaza la concordia y la voluntad de acuerdo, imprescindibles para ambos objetivos.
Este daño colateral es el resultado de una escalada de la tensión entre el Gobierno catalán y CiU, que culminó con el incidente del jueves en el Parlamento de Cataluña, cuando Pasqual Maragall acusó al anterior Gobierno de Jordi Pujol de cobrar comisiones de las constructoras, y Artur Mas respondió amenazando con romper las relaciones y bloquear el Estatuto catalán.
TRIPLE QUERELLA La presentación de una triple querella por parte de Converg¨ncia i Unió --contra el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall; el consejero Joaquim Nadal; y el dirigente de ERC Xavier Vendrell--, condicionada a una poco probable retractación de las acusaciones de corrupción por éstos formuladas, abre una etapa de crispación que amenaza con acabar con el llamado oasis catalán. La ruptura de relaciones personales entre Maragall y el líder del PP catalán, Josep Piqué, tras haber reclamado éste la dimisión del primero, hace saltar por los aires la aproximación de los conservadores a las tesis del tripartito sobre el Estatuto catalán y la financiación, con inevitables consecuencias en la posición del PP en Madrid. Está por ver si los esfuerzos del consejero Joan Saura (ICV) para salvar el Estatuto de la quema darán resultado.
Y la decisión del fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, de investigar si CiU cobró comisiones dejará el asunto abierto aunque los partidos hagan la paz.
Inicialmente, la ofensiva de CiU, a la que se sumó el PP, se centró en la gestión de la crisis y en deteriorar la imagen del alcalde Joan Clos.
El 5 de febrero, los nacionalistas amenazaron con pedir al Parlamento catalán la creación de una comisión de investigación si el Gobierno autonómico no daba explicaciones sobre lo sucedido. Después de que Nadal anunciara en una primera comparecencia parlamentaria que se evitaría en el futuro la concentración de adjudicaciones en las mismas empresas, como había hecho CiU, los nacionalistas reclamaron su dimisión.
El consejero anunció acciones legales y judiciales para dilucidar las responsabilidades de las empresas de la obra, y la rescisión de los contratos con éstas. El 17 de febrero, Mas exigía a Maragall que dictara destituciones o dimitiera él mismo.
EL RETO DE CIU Fuentes del tripartito se declaran dispuestos a aceptar el reto de Mas, aunque la ruptura de relaciones institucionales ponga la elaboración del nuevo Estatuto de Cataluña al borde del precipicio. Dirigentes del PSC y de Esquerra consideran que, si los nacionalistas torpedean ese objetivo histórico porque se sienten heridos por una acusación de corrupción, lo pagarán caro en las urnas.
El próximo miércoles la ponencia que elabora el proyecto de Estatuto catalán abordará el espinoso tema de las futuras competencias de la Generalitat. Será el momento de comprobar las intenciones de CiU.
