El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, confirmó ayer que va a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatut por vulneración de las garantías para las libertades y derechos fundamentales recogidos en el capítulo IV del título I de la Carta Magna. Así, recuerda que los artículos 53 y 54 de la Constitución convierten al Poder Judicial y al Defensor del Pueblo en los garantes del título "nuclear" de la norma fundamental.

Múgica considera que esto es incompatible con que el artículo 78 del Estatut determine que es el Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) quien tiene la función de proteger y defender los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución y el Estatut y quien supervisará, "con carácter exclusivo", la actividad de la Generalitat o de organismos públicos o privados vinculados o que dependan de ella.

ANALFABETISMO POLITICO Aprobado ya el Estatut, Múgica insiste en que su labor es defender "derechos" y no "competencias" de la institución que preside como, según denuncia, han querido hacer ver algunos políticos catalanes. "Creo que hay políticos que no superan el analfabetismo político estructural", dijo.

Múgica cree que debe defender los derechos de ciudadanos catalanes que quieran dirigirse al Defensor del Pueblo "por considerar que le puede atender mejor que otros". A juicio de Múgica, la aprobación del Estatut conlleva que haya ciudadanos que no están en "igualdad" con otros españoles, dado que ya no podrán elegir entre el Síndic y el Defensor del Pueblo.

MAS RECURSOS A los recursos del PP y el Defensor del Pueblo deberán sumarse los de al menos tres comunidades autónomas: Aragón, La Rioja y Comunidad Valenciana. El Gobierno de Castilla-La Mancha, además, decidirá en breve si interpone un recurso contra el modelo de financiación del nuevo texto estatutario catalán.