El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha solicitado información al Gobierno vasco ante los despidos de medio centenar de escoltas que trabajaban en el País Vasco y Navarra, por negarse a cumplimentar partes de incidencias con determinados datos relativos a las personas protegidas.
Según las informaciones del Defensor del Pueblo, el Departamento vasco de Interior exige en los citados partes de incidencias a las empresas de seguridad contratadas, datos en los que se deben incluir los movimientos de los protegidos y los nombres de las personas con las que se reúnen.
Entiende que de corroborarse las informaciones procedería la actuación de su institución en tanto Alto Comisionado de las Cortes Generales para la protección de Derechos Fundamentales recogidos en el título I de la Constitución, como pueda ser el derecho a la intimidad.
