La Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada bajo la resolución 217 A (III), abrió camino a una nueva era en la historia. La comunidad internacional quiso evitar que se repitieran genocidios como el holocausto de la segunda guerra mundial. La aprobación del documento, en un contexto de guerra fría, fue un logro importante. El mérito de la declaración consiste también en que inspiró varias convenciones internacionales, como la convención contra la discriminación racial (1965), contra la discriminación hacia las mujeres (1979), contra la tortura (1984), sobre los derechos del niño (1990). Inspiró también la creación del Tribunal Penal Internacional (1998), y la oficina del alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (1993).
Sin embargo, entre las convenciones y la realidad hay un abismo. Amnistía Internacional denuncia, en un informe publicado ayer, "60 años de fracaso en temas de derechos humanos". Lo trágico es que las causas provienen de la propia ONU, paralizada por su funcionamiento burocrático. La principal instancia encargada de la materia, el Consejo de Derechos Humanos eligió, entre sus 47 miembros, a 10 países dirigidos por gobiernos represivos. Estos son los encargados de que se respeten los derechos que ellos burlan diariamente. Por otro lado, desde los atentados del 11-S en Estados Unidos hasta los ataques de Bombay, a menudo algunos gobiernos han sacrificado los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional.
