La Policía Nacional ha detenido a 38 personas, entre 117 imputados, y desarticulado en Pamplona una red dedicada a la introducción ilegal de ciudadanos africanos a quienes, a cambio de entre 8.000 y 15.000 euros, ofertaba matrimonios de conveniencia con españoles. La red, que pagaba entre 6.000 y 9.000 euros a los españoles que se prestaban al matrimonio ficticio que permitía regularizar la situación de los extranjeros, estaba dirigida desde Pamplona por un nigeriano de 36 años, por su compañera sentimental, una burgalesa de 25 años, y por una ciudadana española de origen dominicano de 32 años, residentes respectivamente en Pamplona y Burlada.

Se trata de una operación "sin precedentes" y "un hito" en la persecución de la delincuencia en Navarra, según el delegado del Gobierno en la Comunidad foral, Vicente Ripa, quien en conferencia de prensa ha explicado que los arrestados son 21 hombres y 17 mujeres, nacidos entre 1959 y 1986. De los detenidos, 11 son españoles (10 de ellos nacidos en Pamplona y una en Burgos), 22 nigerianos, 2 dominicanos, un colombiano, un uruguayo y uno oriundo de Ghana.

Para Ripa, la desarticulada es "una organización mafiosa con mayúsculas", dado que a los nigerianos transportados hasta España "se les amenazaba con infligirles daño" si no pagaban, lo que en algunos casos les ha llevado a ejercer la prostitución o a "trabajos de poca calidad o del mundo marginal". Además, la red recurría generalmente para la celebración de estos matrimonios fraudulentos a personas con nacionalidad española procedentes de la delincuencia y con antecedentes policiales.

Ripa ha asegurado también que la red presentaba un "enorme grado de sofisticación en sus procedimientos", de forma que tenía conexiones internacionales con Nigeria, Alemania, Bélgica e Italia, y una vez que llegaba a los acuerdos económicos con los contrayentes "fijaba pautas severas" con el compromiso de que nunca habría convivencia matrimonial auténtica, e incluso concretaba un plazo, habitualmente de un año, para la separación judicial o el divorcio.

Asimismo, la red generaba para los contrayentes la documentación falsa necesaria que aportar a los expedientes matrimoniales, como pasaportes, partidas de nacimiento o certificados de antecedentes penales. En los tres registros practicados en Pamplona y Burlada la policía se ha incautado de elementos "de una alta carga incriminatoria", como once equipos informáticos, una impresora de alta gama, un escáner de alta resolución y una lámpara ultravioleta para la manipulación de documentos.

Al respecto, el jefe superior de Policía de Navarra, José Luis Gago, ha señalado que la investigación se inició el pasado mes de noviembre cuando los funcionarios comenzaron a detectar la afluencia en sus oficinas de extranjeros que solicitaban permiso de trabajo en su calidad de familiar de ciudadano comunitario. Por su parte, el responsable de la Brigada de Extranjería, José Ángel Arana, ha señalado que las investigaciones de la operación, aún abierta por sus posibles conexiones con otros países, han detectado alrededor de 60 matrimonios fraudulentos tramitados en la Comarca de Pamplona, la mayoría civiles, celebrados o pendientes de celebrarse tanto en juzgados de paz como en parroquias.

Al parecer la red llevaba operativa desde principios de 2007 y, según Arana, aleccionaba a los implicados para superar las entrevistas de los funcionarios a pesar de que no había habido convivencia y de que en algunos casos, por no hablar el mismo idioma, no se entendían entre los contrayentes.