Las empinadas calles de Alcaucín, en la sierra oriental de Málaga, aparecieron ayer tomadas por la Guardia Civil, que detuvo al alcalde, Juan Manuel Martín Alba (PSOE), y a otras 12 personas, entre ellas sus dos hijas, funcionarios municipales, empresarios e incluso arquitectos, por su implicación en una supuesta trama de corrupción urbanística. Las pesquisas apuntan a que la trama otorgó licencias de reforma que encubrían nuevas construcciones unifamiliares en suelo no urbanizable.
La operación Arcos, que continúa abierta, ha sido desarrollada por el Juzgado número 3 de Vélez, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, y se ha saldado con 13 detenidos en Málaga y Huelva, y varios registros tanto en domicilios particulares como en el Ayuntamiento de Alcaucín, e incluso en despachos del Area de Urbanismo de la Diputación provincial, cuyo arquitecto también ha sido arrestado (aunque por actividades privadas). A los detenidos se les imputan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.
La investigación se centra en los pagos, en dinero o especies, que los constructores habrían hecho a cargos públicos de la localidad para "consentir, encubrir o incluso impulsar" supuestos delitos urbanísticos en la comarca de la Axarquía. El sistema era simple. El ayuntamiento otorgaba licencias irregulares para urbanizaciones o viviendas aisladas que más tarde eran legalizadas por los arquitectos implicados mediante informes y certificados falsos. Esta cobertura permitía modificar las inscripciones catastrales de las fincas.
20.000 VIVIENDAS Una vez blanqueados los permisos de construcción, los propios constructores vendían las viviendas, principalmente entre ciudadanos extranjeros. La asociación Ecologistas en Acción de la Axarquía estima que se han podido levantar unas 20.000 viviendas en suelo rústico en toda la comarca. Esto explicaría cómo la población de Alcaucín, que acompañó con aplausos a su alcalde al ser detenido, habría aumentado en más de un 60% (de 1.511 a 2.469 habitantes) desde el año 2000.
La detención de Martín Alba sirvió de excusa para que PSOE y PP se enzarzaran en una disputa sobre honradez. El alcalde ha sido expulsado ya del partido, y la acción se repetirá con otros militantes implicados si los hubiera, según afirmó el vicepresidente del PSOE-A, Luis Pizarro. El vicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías (PSOE), reiteró la "tolerancia cero" con la corrupción y apuntó que "el PP se pone del lado de los corruptos y enfrente de los jueces". Los populares respondieron señalando a la Junta, por "acción u omisión", como responsable última, al tener las competencias en urbanismo.
