El juicio por el caso Caballistas, presunta trama de corrupción urdida entre el 2004 y el 2005 para legalizar la vivienda particular que el exalcalde de Ses Salines Sebastià Vidal construyó en suelo rústico bajo el pretexto de ser la sede de una asociación hípica inexistente, empezó ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) con cuatro alcaldes en activo, seis exalcaldes y otros cuatro cargos del PP en el banquillo.

La Fiscalía imputa a todos los acusados un delito de falsedad en documento oficial con distintos grados de participación. El ministerio público afirma que 11 alcaldías gobernadas por el Partido Popular emitieron certificados falsos para apoyar la legalización de la vivienda particular de Vidal, que se enfrenta a seis años de cárcel, 36.000 euros de multa, además de a seis años de inhabilitación para cargo público.

Entre hoy y mañana declararán 34 testigos y serán expuestos los informes y conclusiones finales. Aunque varios dirigentes del PP balear acudieron a la sede del TSJIB para respaldar a sus compañeros, el diputado Toni Serra manifestó que si la justicia condena a Joan Rotger, elegido el pasado sábado presidente del PP de Mallorca, el partido pedirá su dimisión.