Seguramente es el vicio más extendido de la política. Censurar desde la oposición comportamientos poco edificantes de un partido en el Gobierno para luego olvidar esa misma ética una vez que se toca el poder. O lo que es lo mismo, tener dos varas de medir, y aplicar una u otra según los intereses. Con el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, a punto de declarar como imputado por una trama de corrupción, el PP no está aplicando la doctrina que enunció su actual presidente de honor, José María Aznar, hace más de dos décadas. Aquella que sostiene que un cargo público envuelto en un proceso judicial debe dimitir, y su partido tiene que suspenderlo de militancia.
"Le doy 24 horas para dimitir". Este tajante ultimátum lleva el sello de Aznar y se remonta a 1986. El receptor era el presidente de Castilla y León a la sazón, el socialista Demetrio Madrid. Recién estrenada la aventura autonómica de la comunidad, Madrid había llegado a la política tras vender una pequeña empresa textil que regentaba a un antiguo empleado. Pero 11 trabajadoras le implicaron en una querella criminal por presuntas irregularidades.
Campaña concienzuda
El asunto era estrictamente laboral y no guardaba relación alguna con su gestión política. Pese a todo, Aznar, líder autonó- mico de la oposición desde las filas de Alianza Popular, diseñó una concienzuda campaña de furibundos ataques contra Madrid. Enarboló la bandera de la honestidad y de la lucha contra la corrupción. "Me señalaba con el dedo con muy mal estilo porque decía que no podía estar ni un solo día más en la presidencia, que aquella imputación era incompatible con el cargo", recordó Demetrio Madrid años más tarde.
Aznar fue estrechando el cerco alrededor de su contrincante hasta llegar al mencionado ultimátum de 24 horas. Y, efectivamente, su rival dimitió el 26 de octubre de 1986 "para no dañar a las instituciones ni al PSOE". Una decisión que, además, Aznar sabía que estaba tomada cuando proclamó su alegato a favor de la honradez, pues un auto de procesamiento en contra del dirigente socialista no le dejaba otra salida.
Nadie pidió perdón por ello. Ni tampoco cuando el juez dictaminó la inocencia de Madrid. Era ya 1990. Con la presidencia castellano-leonesa como trampolín, Aznar acababa de heredar el Partido Popular de manos de Manuel Fraga, paso previo para llegar a la Moncloa.
La doctrina del expresidente del Gobierno se fue contagiando. La usó en 1989 el diputado popular Luis Ramallo contra la entonces directora de RTVE, Pilar Miró. Ella, como Madrid, se vio forzada a dimitir por unos controvertidos gastos en trajes, como Francisco Camps. La justicia también la absolvió. Ramallo sí pidió perdón, pero tarde --Miró ya había fallecido-- y tras probar la misma medicina --se vio envuelto en el caso Gescartera , del que fue absuelto pero tras ser (en este caso sí) suspendido de militancia--.
El propio Aznar recuperó su efectista bandera con su famoso "¡Váyase, señor González!". Fue en la crispada legislatura 1993-1996, la misma durante la cual el PSOE aplicó las recetas de Aznar con algunos de sus cargos, siguiendo el camino que inició Alfonso Guerra en 1991. Narcís Serra, Carlos Solchaga y Vicente Albero renunciaron a ministerios o escaños al verse salpicados por la corrupción.
Sin respuesta
"Cuando un juez diga que algún militante incumple la ley actuaremos en consecuencia", proclamó en el 2006 Mariano Rajoy ante Camps en Valencia. "¿Hasta cuándo resistirán los dobles raseros en la política?", se preguntaba el viernes pasado el expresidente Felipe González. Todavía no hay respuesta.
