Si el jueves una etarra pidió a un tribunal que no entorpeciera el proceso de paz, la sombra del alto el fuego planeó ayer de nuevo sobre la Audiencia Nacional. Así, dos concejales del PSE, que nada más recibir dos cartas intimidatorias, en junio del 2004, acudieron "preocupados" a una comisaría, ahora, un mes después de que ETA anunciara el cese de la violencia, afirman que no se sintieron "amenazados" porque pensaron que no procedían de la banda sino que era "una broma".
Su declaración no dejó indiferente a nadie. Incluso el fiscal, Ignacio Gordillo, reconoció su sorpresa. Los ediles, Félix Toral y Ricardo Lozano, concejales de Villarreal de Urretxua y de Zumárraga (ambas en Guipúzcoa) comparecían en el juicio contra María Plazaola, acusada de enviar tres cartas amenazantes, una a cada edil y otra a la sede del PSE en Zumárraga.
Durante la vista, los ediles afirmaron que cuando las recibieron no las relacionaron con la banda sino que, según Lozano, las atribuyeron a "un grupo de jóvenes que andan por ahí sueltos". Pero el fiscal destacó que "lógicamente la carta no es una broma", sino que forma parte de la estrategia de intimidación de ETA y pidió cinco años y tres meses de cárcel para Plazaola.
