Hace un año, exactamente el jueves 11 de julio del 2002, las tensiones que lastraban las relaciones entre España y Marruecos alcanzaron su paroxismo cuando un puñado de gendarmes marroquís invadieron el islote de Perejil. Aquella acción, y la posterior expulsión de los ocupantes por parte de tropas españolas, parecían el cerrojazo definitivo a toda posibilidad de reconciliación entre los dos países.
Pero ocurrió todo lo contrario. EEUU no estaba dispuesto a que dos de sus principales aliados anduvieran a la greña y ejerció su influencia mediadora para que Madrid y Rabat volvieran a la normalidad.
EL LARGO CAMINO
HACIA LA NORMALIZACION
El camino no ha sido fácil. Curiosamente, la puerta a la reconciliación se abrió con la mayor catástrofe ecológica en España: el hundimiento del Prestige. El ofrecimiento del rey Mohamed VI para que los pescadores españoles afectados faenaran en aguas marroquís rompió el hielo que había petrificado las relaciones.
El deshielo comenzó formalmente el 11 de diciembre, con la visita a Madrid del ministro de Exteriores marroquí, Mohamed Benaisa. Su homóloga española, Ana Palacio, devolvió la visita a Rabat a finales de enero de este año. Fue en ese encuentro, el día 30, y en el que Benaisa llamó a la canciller española su "amiga Ana", cuando la diplomacia de los dos países dio por cerrado el proceso de reconciliación, con el anuncio de la vuelta "inmediata" a sus puestos de los respectivos embajadores.
Aunque el clima entre las partes es hoy de extraordinaria cordialidad, sobre las relaciones siguen planeando incertidumbres y desavenencias. El futuro del Sáhara y la inmigración ilegal son los mayores obstáculos, según una fuente oficial. Pero hay más. Marruecos es reacio a recurrir a fondos de cooperación españoles. Y empresarios españoles se quejan de las trabas burocráticas que dificultan sus inversiones en el país magrebí.
En el encuentro que sostuvieron el 5 de junio pasado en la finca toledana de Quintos de Mora, los jefes de Gobierno de España y Marruecos, José María Aznar y Dris Yetú, acordaron reanudar en la segunda quincena de octubre las cumbres bilaterales o Reuniones de Alto Nivel, interrumpidas desde hace cuatro años. Aznar pronosticó que en ese encuentro se verán los frutos de los grupos mixtos de trabajo puestos en marcha el 16 de diciembre para abordar los grandes asuntos de interés común.
UN MOMENTO CRUCIAL PARA EL CONFLICTO DEL SAHARA
El Sáhara tiene en estos momentos una importancia crucial para las relaciones hispano-marroquís, porque España se sienta en el Consejo de Seguridad de la ONU y lo preside justamente este mes de julio, en que James Baker presentará un nuevo plan de solución.
El Gobierno español presentará al Consejo de Seguridad una propuesta de resolución que insta a las partes a negociar sobre la base del Plan Baker, consistente en un referendo de autodeterminación del Sáhara tras cinco años de Gobierno autónomo bajo soberanía marroquí. El Ejecutivo alega que las partes, aunque formulan objeciones al plan, no lo rechazan del todo.
La posición tradicional de España ha sido apoyar el plan de arreglo de la ONU de 1991, que prevé un referendo de autodeterminación sobre la base del censo español de 1973, a menos que las partes den su beneplácito a otra fórmula. Consciente de que esa consulta daría la independencia al Sáhara, Marruecos ha conseguido frenar la aplicación del plan de arreglo y convertirlo en papel mojado, con el consentimiento de sus aliados EEUU y Francia.
Superada la crisis con Rabat y en plena luna de miel con Washington, el Gobierno de José María Aznar se ha sumado públicamente al argumento de que el plan de arreglo es inviable y ahora impulsa el Plan Baker, que establece el censo de 1999 como base del referendo. Este censo es más favorable a los intereses de Marruecos que el de 1973, pero sigue dando mayoría a los saharauis, por lo que Rabat ha interpuesto ante la ONU miles de recursos.
Marruecos ha pedido a España que "comprenda la necesidad de que los recursos prosperen" en aras de la estabilidad regional. Madrid rehúsa --de momento-- ofrecer garantías. El Frente Polisario, a su vez, pide que la ONU controle al Ejército de Rabat durante la autonomía, y garantice la limpieza del referendo.
EL ESCASO APOYO PARA
CONTROLAR LA INMIGRACION
El Gobierno español cree que Marruecos es reacio a cumplir los pactos sobre repatriación de inmigrantes ilegales y vigilancia de fronteras con terceros países para frenar el flujo de africanos que buscan llegar a Europa.
El año pasado, 16.504 personas llegaron en pateras a las costas españolas, 9.756 a Canarias y 6.748 a Andalucía, según el Ministerio del Interior español. Las autoridades marroquís aseguran que en ese periodo detuvieron a 2.533 personas que trataban de acceder ilegalmente a Europa a través de España, y desarticularon 20 organizaciones de tráfico ilegal de seres humanos. Y el Parlamento marroquí ha elevado a cinco años las condenas a funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad que participen en esas redes.
Marruecos alega que las pateras que llegan a España no parten de territorio marroquí. Por eso se acordó que, si hay duda, Rabat aceptará la repatriación cuando la patera esté bajo el mando de un ciudadano de ese país. "Ni siquiera esto se está cumpliendo", se queja un diplomático español.
