El editorial conjunto publicado ayer por 12 periódico catalanes en defensa del Estatut sacudió la vida política española. La postura unitaria de los diarios cohesionó de nuevo el frente que impulsó el Estatut --incluido, con matices, el Gobierno--, generando en Cataluña una cadena de adhesiones que alcanzó incluso a ERC, partidaria del no en el referendo estatutario. Mientras el PP disimulaba mal su incomodidad por verse de nuevo en el centro de la diana, los jueces del Tribunal Constitucional (TC) reanudaron el interminable debate jurídico. La derecha mediática y los jueces conservadores son quienes más cargaron las tintas.
El editorial defendía el texto del Estatut aprobado por las Cortes Generales y por el Parlamento catalán, y cuestionaba al Tribunal Constitucional, que vive "una situación inédita en democracia con un magistrado, Pablo Pérez Tremps, recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro, Roberto García-Calvo, ya fallecido. De los 10 jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el "corazón de la democracia"".
EJEMPLO DE UNIDAD Zapatero se limitó a decir que había leído el texto "con mucho interés" y "mucho respeto". Nada más. Desde la Moncloa se cuidan las palabras para evitar la imagen de un Zapatero rehén de Cataluña.
En Cataluña no es fácil recordar un momento en el que el tripartito y CiU hayan coincidido tanto. El presidente José Montilla agradeció a la prensa catalana el editorial, con cuyo contenido dijo sentirse "identificado".
Mientras, en el Congreso, los portavoces de los partidos catalanes, a excepción de los del PP, tomaron el editorial como ejemplo de unidad a seguir por parte de las fuerzas políticas del Parlament . A la pregunta de si el editorial es un ejercicio de presión al alto Tribunal, todos cargaron sobre los hombros del PP y el PSOE la responsabilidad de esas presiones. El tono entusiasta de estos diputados contrastó con el respeto que mostraron los portavoces de PSOE y PP, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, que se culparon mutuamente del bloqueo del TC. Del PSOE menos autonomista hablaron dos barones. "Nadie está por encima de las leyes, ni el Rey, ni los ministros, ni ninguna fuerza política o social", dijo el presidente del Congreso, José Bono. Y el exvicepresidente Alfonso Guerra censuró "las presiones" porque el TC "no debe medir las consecuencias de sus fallos".
Las críticas más duras fueron las del PP. A Mariano Rajoy no le gustó el editorial, ya que señala al PP como el partido que primero recurrió ante el Constitucional el Estatut. La iniciativa se recibió con inquietud puesto que llega en el momento en que el PP busca un acercamiento a Cataluña. Seguramente por eso, el líder popular optó por el autocontrol y por instar a todos sus dirigentes a esquivar la polémica y a convertir a Zapatero en el "principal responsable del descontento" de la sociedad catalana. Rajoy solo dijo: "Mi posición es conocida. Es el respeto a la ley y a las reglas del juego. Y a partir de ahí, cada uno puede opinar lo que quiera. ¡Faltaría más!".
Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz popular en el Congreso y responsable (junto a Federico Trillo) de la redacción del recurso del PP ante el Constitucional, dio la cara en el Parlamento y arremetió contra Zapatero, "porque se comprometió con los catalanes a algo que no debía haberse comprometido nunca". En la misma línea se pronunció la secretaria general, María Dolores de Cospedal, así como barones territoriales como Esperanza Aguirre o el presidente de La Rioja, Pedro Sanz.
"PRESION INTOLERABLE" Mientras, el Constitucional continuó con el debate del Estatut. Aunque no hubo reacción oficial, fuentes extraoficiales explicaron que los jueces son conscientes de que cada semana que pasa sin que se dicte un fallo se corre el riesgo de que la tensión crezca.
Por su parte, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura calificó el manifiesto como "una presión intolerable" al Constitucional. Su presidente, Antonio García, lamentó la ausencia de una respuesta institucional más contundente en defensa del alto Tribunal, pues en su opinión el Constitucional lo único que está haciendo es cumplir con su obligación legal. La misma opinión fue defendida, a título personal, por el vicepresidente del Consejo del Poder Judicial, Fernando de Rosa, quien pidió que se deje trabajar al TC.
