El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado hoy, con los votos del PP, pedir al Gobierno autonómico que imparta la asignatura de Educación para la Ciudadanía en castellano o valenciano, y no en inglés, y que tenga carácter obligatorio, como el resto de materias. La propuesta del grupo socialista, apoyada por el de Compromís, denunciaba que el Gobierno valenciano pretende impartir esta asignatura en inglés para hacerla "ininteligible" y aseguraba que la oferta de objetar a la misma es un "fraude de ley".
En su iniciativa, el PSPV-PSOE pedía al Gobierno de la Generalitat tener el valenciano o el castellano como "lengua vehicular" sin "opciones alternativas o desdoblamientos posibles", y que se impartiera "como cualquier otra materia de carácter obligatorio y puntuable". El diputado autonómico del PSPV Adolf Sanmartín, ha acusado al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, de querer "desacreditar" esta asignatura, que en muchos de los países de la Unión Europea se cursa con normalidad. Al respecto ha indicado que la organización pedagógica de la misma es "competencia de los centros escolares" y no del Gobierno valenciano, por lo que impartirla de forma distinta constituiría un "fraude de ley".
La decisión del Consell de impartirla en inglés y ofrecer una opción "B" a los objetores basada en la presentación de tres trabajos escolares "atenta contra los derechos de los alumnos y contra la unidad del sistema educativo", ha manifestado. Según pronostica, además de sus "negativos" efectos académicos, la determinación del Gobierno valenciano tendrá "consecuencias económicas", ya que los padres podrán reclamar judicialmente y exigir compensaciones por "ofertar una asignatura que es ilegal". El diputado socialista reconoció que existe la posibilidad legal de impartirla en inglés, pero "siempre que no se modifique su contenido".
La diputada del PP Rosa María Barrieras, ha defendido la decisión del Gobierno valenciano al considerar que "fomenta" el aprendizaje de otros idiomas e imparte materias "muy interesantes" en la opción que contempla para los objetores. Según ha asegurado, el Gobierno valenciano posee "competencias exclusivas" para la organización de esta asignatura, conforme a lo establecido en el Estatuto de Autonomía.
Asimismo, entiende que "hay que respetar el derecho de los alumnos" a que no se les "imponga" una asignatura que los "adoctrina", y contra la que, según ha dicho, hay "30.000 objetores" en España. Por su parte, la diputada de Compromís Gloria Marcos ha afirmado que la postura del Gobierno valenciano es una "burla absoluta" al Ministerio de Educación, y ha subrayado que "no se puede obligar a los profesores a impartir la asignatura en una lengua que no es la suya".
