Estados Unidos pidió permiso en enero del 2002 al Gobierno de José María Aznar para disponer de los aeropuertos españoles en caso de que los aparatos que realizaban los llamados vuelos de la CIA necesitaran hacer "un aterrizaje de emergencia" en su camino desde Afganistán hasta la prisión de Guantánamo (Cuba). La demanda está por escrito, en un documento del Ministerio de Exteriores español calificado como "muy secreto" y que ayer publicó El País.
En ese informe, que el entonces director general de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, redactó para el ministro de Exteriores, Josep Piqué, se asegura que el consejero político-militar de la Embajada de EEUU en Madrid había visitado a De Cárcer para informarle de que su país iba a iniciar "muy próximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta la base de Guantánamo".
El representante norteamericano pedía a España usar sus aeródromos en casos de emergencia, aunque, como se supo después gracias a investigaciones del Consejo de Europa cuya presidencia ostenta España ahora, del Parlamento Europeo y periodísticas, esos aparatos con personas secuestradas o detenidas ilegalmente pararon en Morón, Rota, Torrejón o Palma por razones logísticas o técnicas, no por urgencias.
LAS BASES "PREFERIBLES" El director general Aguirre de Cárcer escribe en su informe que Estados Unidos estaba en contacto "con varios países" y que él mismo le había sugerido al enviado estadounidense, ya en esa primera reunión, que sería "preferible" usar bases militares "como Morón o Rota en vez de aeropuertos civiles".
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno inició una investigación en junio del 2006 por considerar que en esas operaciones se pudo dar un delito de torturas, que es de persecución universal. Hasta ahora, ni el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni el de entonces, del PP, han reconocido tener informaciones sobre esos vuelos, en los que se realizaban operaciones ilegales.
El actual ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, dijo en noviembre del 2005 en el Congreso que el Gobierno había obtenido la "garantía" de EEUU de que ningún vuelo se usó para llevar detenidos de modo clandestino, algo que se contradice con el texto del documento publicado ayer. El jefe de la diplomacia española llegó a afirmar ante el Parlamento Europeo, en noviembre del 2006, que el Ejecutivo no conoció ni autorizó los vuelos secretos de la CIA sobre su territorio.
Lo que admitió es que España pudo ser utilizada como "escala para cometer delitos en otros países", un matiz en el que el Ejecutivo se escuda. Esto es: los pasajeros de esos vuelos no cometieron delitos en territorio español, pero no puede confirmar que hayan quebrado la ley en otros territorios.
INVESTIGACION INTERNA Exteriores emitió ayer un comunicado en el que anuncia "una investigación interna para localizar eventualmente cualquier documento sobre esta materia". El Gobierno asegura que no tenía constancia de esa nota y que no fue "informado por el equipo anterior", en referencia al Gobierno de José María Aznar.
Sin embargo, el propio Moratinos --de viaje en Qatar-- telefoneó ayer a Piqué, para hablar del asunto. El exministro de Exteriores de Aznar prefirió guardar silencio y aseguró que deja en manos del Ejecutivo socialista cualquier explicación.
