El Gobierno está preparando un decreto para garantizar la máxima intimidad de las mujeres que deciden abortar. Ahora la mayoría de las administraciones autonómicas, salvo Andalucía, tienen libre acceso a las historias clínicas y pueden hacer un uso no siempre discreto de los datos, como vienen denunciando los centros autorizados para realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Varios colectivos sociales han criticado que las garantías de privacidad se vulneran de forma frecuente.
La futura norma vendría a suplir lo que, a los ojos del Ejecutivo, es una carencia de la ley, puesta de manifiesto tras la campaña de acoso contra las clínicas abortistas en Cataluña y en Madrid. Los ministerios de Sanidad y de Justicia están trabajando a contrarreloj para intentar que la normativa pueda aprobarse antes de agotar esta legislatura.
La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo ha pedido un dictamen a la Agencia de Protección de Datos para que fije los límites en las inspecciones que llevan a cabo las autoridades sanitarias. Cuando tenga el informe, el Ejecutivo establecerá los mecanismos para reforzar la guardia y custodia de los historiales de las mujeres que se hayan sometido a este tipo de intervención. "El Gobierno no va a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo", advirtió De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además de la confidencialidad de las pacientes, el decreto determinará las "condiciones y requisitos" de los conciertos que mantiene la Sanidad pública con las clínicas privadas que practican abortos. Fuentes del Ejecutivo confirmaron que la norma no resolverá el debate sobre los plazos para llevar a cabo la interrupción del embarazo, sino que se enmarcará en la ley actual.
"OCASION DE MEJORAR" La negativa de José Luis Rodríguez Zapatero a promover (como había prometido en su programa electoral del 2004) una ley de plazos ha provocado una fuerte reacción del movimiento feminista, de partidos como Izquierda Unida y de sectores progresistas. De la Vega se limitó a asegurar que habrá "ocasión de mejorar" la ley del aborto si, tras el "amplio debate social" que se ha suscitado, se llega a la conclusión de que hay que modificarla. Con el nuevo decreto, el Gobierno pretende garantizar que esta prestación sea igual en todo el territorio español y "no haya discriminaciones", y evitar así lo que la vicepresidenta calificó de "disfunciones".
DIFERENCIA AUTONOMICA Actualmente, en Navarra las mujeres que quieren abortar tienen que desplazarse fuera de su comunidad porque allí es prácticamente imposible someterse a este tipo de intervención. Según fuentes de Sanidad, se puede llegar a un acuerdo con las autonomías titulares de las competencias, pero no se puede modificar la legislación sobre cómo se desempeña esta prestación.
