El Gobierno vasco exigió ayer que se derogue la ley de partidos y en una declaración institucional denunció que nadie sabe dónde están los límites "ciertos y previsibles" de esa norma, que ha dejado "pulverizadas" la seguridad jurídica y la división de poderes.

Aunque el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe se opuso a la ley de partidos, ahora ha elevado el tono de la crítica. Si hace tres años alertó de las graves consecuencias que la ley provocaría en el ejercicio de derechos fundamentales, ayer advertía que la nueva teoría de "la infiltración y la contaminación" que se ha aplicado para anular candidaturas supone un "preocupante" salto cualitativo que extiende la sospecha sobre cientos de ciudadanos y demuestra que la norma no ha tocado techo. La declaración aprobada por el Gobierno y presentada ayer por el responsable de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), subraya que, sin ser una ley penal, "impone en la práctica penas a ciudadanos individuales" cercenando el derecho de sufragio activo y pasivo y, en consecuencia, el derecho de participación y asociación política. Añade que se resienten también la libertad de expresión y la libertad ideológica. A. G.