Al Gobierno no le pilló por sorpresa el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ayer dio la razón a la etarra Inés del Río en su recurso contra la aplicación de la doctrina Parot , argumentando que la interpretación jurídica que se hizo para alargar su estancia en prisión vulnera el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. En una comparecencia celebrada apenas dos horas después de conocerse la sentencia, los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardón, expresaron su "profundo pesar" por el fallo y hablaron para las víctimas y los sectores más rigoristas, a los que durante meses han calentado asegurándoles que un fallo contrario dejaría en la calle a violadores múltiples y a los más sanguinarios terroristas de la historia de ETA.
¿Y ahora qué? Varios fueron los mensajes: que las sentencias, gusten o no, están para cumplirlas. Que el Gobierno ha hecho todo lo que ha estado en su mano para evitar las excarcelaciones. Que la doctrina Parot es constitucional y justa, diga lo que diga Estrasburgo, y además ayudó a que ETA ya sea historia. Y que, llegados a este punto, son los jueces los que tienen la pelota en su tejado y a ellos les tocará decidir, caso por caso, si excarcelan a otros etarras, como parece inevitable.
La sentencia de Estrasburgo no entra a valorar otros casos, pero deja claro que la aplicación retroactiva de la doctrina para mantener en la cárcel a Del Río supuso una "detención no regular". Por unanimidad, los 17 magistrados de la sala, presidida por Dean Spillmann, consideran que los tribunales españoles vulneraron el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la libertad y a la igualdad, al aplicar de forma retroactiva la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando la Constitución prohíbe esa retroactividad.
A pesar del revés, el Gobierno insistió ayer en la utilidad de esa doctrina y subrayó que cuando, en julio del 2012, la Pequeña Sala del Tribunal de Estrasburgo ya dio la razón a la etarra, el Ejecutivo recurrió y con ello ha conseguido, como mínimo, alargar su estancia en prisión. Además "esto no volverá a pasar nunca más", aseguró Gallardón, porque el Gobierno ya se encargó de ello con la reforma del Código Penal del 2004, que fija cumplimientos de hasta 40 años de condena, sin pisar la calle.
INCUMPLIR LA LEY No quisieron los ministros valorar la repercusiones que tiene para el Estado haber sido condenado por vulnerar los derechos humanos, e insistieron en que no puede tener el mismo castigo para un asesinato que para 23. Con argumentos como ese, a la misma hora, la Asociación de Víctimas del Terrorismo exigió al Gobierno que se saltara la sentencia e incumpliera la ley. "No está en nuestra mano. Son los jueces", reiteraron una y otra vez Gallardón y Fernández Díaz, con semblante serio y compungido.
Los ministros prefirieron no mencionar en su intervención que la treintena de presos de ETA cuyos abogados presentarán hoy mismo peticiones de libertad ya han cumplido una media de 25 años de cárcel, la mayoría sin un solo permiso penitenciario, y algunos hasta una decena de años más en Francia. Del grupo de presos a los que el fallo de Estrasburgo podría poner en la calle, solo tres reclusos han roto con la disciplina de ETA e incluso han aceptado participar en encuentros restaurativos con víctimas de la organización terrorista. El caso más claro es el de Iñaki Rekarte, condenado a 203 años por un atentado en Santander en el que murieron tres personas, y que ha rehecho su vida con una asistente social que conoció en prisión y con la que tiene dos hijos pequeños. El resto, como Inés del Río Prada, condenada a 3.828 años por 24 asesinatos, no solo no se han arrepentido, sino que mantienen firme su militancia en la banda terrorista ETA.
Las víctimas que militan en las principales asociaciones vivieron el día de ayer con una impotencia y dolor indescriptibles, avivados por el hecho de que en ningún momento se les preparó para el escenario previsible que ayer trazó Estrasburgo. Sí les prometió el ministro del Interior que no permitirá "ni homenajes a asesinos ni más humillaciones a las víctimas" cuando se produzcan las excarcelaciones.
Y Jorge Fernández Díaz puso como ejemplo la reciente operación de la Guardia Civil contra Herrira, la asociación de respaldo a los presos de la organización etarra, cuyos máximos dirigentes fueron detenidos recientemente por, entre otras cosas, homenajear a reclusos.
Además de considerar por unanimidad que la aplicación retroactiva de la doctrina Parot condujo a una detención irregular, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) establece, por 15 votos a dos, que el Estado español ha vulnerado el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (que señala que no hay castigo sin ley). La sentencia recogió algunos votos particulares en algunos aspectos. En cualquier caso, 16 de los 17 magistrados ordenaron la puesta en libertad "inmediata" de Del Río y el pago de una indemnización de 30.000 euros, además de las costas del proceso.
Un dinero que, sin embargo, la etarra no verá, porque el ministro de Justicia Gallardón ya avanzó ayer mismo que se le descontará dicha suma de la responsabilidad civil que no pagó al ser condenada, porque se declaró insolvente.
