El exgerente de la empresa colombiana Inassa Diego García Arias confirmó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que se repartió comisiones ilegales por valor de casi 5,5 millones de euros con el expresidente madrileño Ignacio González y el presunto testaferro de éste en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, por la compra de otra compañía, la brasileña Emissao, en 2013.

García Arias fue detenido en Colombia en agosto del año pasado tras destaparse el caso Lezo, que investiga los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica, y desde entonces ha estado colaborando con la justicia, razón por la cual ya hizo esta misma confesión en su país y ahora la ha ratificado en la Audiencia Nacional.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, que el exdirectivo de Inassa ha prestado como investigado, tras la operación de compra de Emissao los socios que se repartieron las comisiones fueron el expresidente madrileño, Rodríguez Sobrino -por ser además presidente de la filial colombiana-, el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro y el propio García Arias.

El exdirectivo de Inassa precisó que la parte correspondiente a Ignacio González no se le ingresó a él directamente porque en 2013 ya estaba siendo investigado por las operaciones de compraventa de su ático en Estepona (Málaga), así que para evitar sospechas el dinero se traspasó a Rodríguez Sobrino.

El reparto de comisiones ilegales por la compra de Emissao ya fue confesado en la cárcel por Rodríguez Sobrino al hermano del expresidente madrileño, Pablo González --también imputado en la causa--, tal y como contó éste al magistrado en una de sus interrogatorios. Rodríguez Sobrino confesó que el dinero a repartir procedía «de las comisiones de lo de Brasil».