La trama del espionaje de Madrid se enreda día tras día. Al enfrentamiento abierto entre el PP de Mariano Rajoy y el Gobierno de Esperanza Aguirre se suma el temor a que las explicaciones políticas de hoy colapsen ante las revelaciones periodísticas de mañana. De ahí que el equipo de la presidenta madrileña, aun negando que los seguimientos de políticos del PP fueran obra de la Comunidad de Madrid, alegue ahora que alguno de los expolicías y exguardias civiles contratados por la Consejería de Interior sí pudieron espiar por libre. O al servicio de terceros.
Quien sostiene esta tesis no es otro que el consejero regional de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, acusado de haber organizado una suerte de servicio secreto al que se atribuyen, al menos, los dosieres sobre el vicealcalde de la capital, el gallardonista Manuel Cobo, y el exconsejero madrileño Alfredo Prada, afín a Rajoy. "No puedo poner la mano en el fuego por todo el personal de la consejería", dijo ayer Granados a este diario.
El titular de Interior, que se dice inocente de las maniobras que se le imputan, asegura haber preguntado a sus más estrechos colaboradores si sabían algo de esta trama de espionaje. Cita en concreto al director del Area de Seguridad, Sergio Gamón, destituido tras haber espiado a Prada pero luego ascendido; el de Seguridad e Interior, Enrique Barón; el asesor Marcos Peña; y exguardias civiles de su confianza, algunos procedentes de Valdemoro, donde Granados fue alcalde. Todos, asegura, se desvinculan de la trama.
"Lo que no puedo garantizar es que algunos de los empleados, cuya retribución no es demasiado alta, no hayan podido hacer seguimientos a espaldas de sus superiores, incluido yo. De hecho, sé que algunos realizan vigilancia fuera de su horario laboral. Tengo la convicción de que no ha sido así, pero no lo puedo asegurar", alega Granados.
Horas antes, en Radio Nacional, el consejero apuntó que detrás de este entramado tiene que haber alguien "muy poderoso", aunque no quiso alimentar las sospechas respecto al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, enfrentado a Aguirre. Las cautelas de Granados delatan su temor a que haya pruebas de que empleados suyos, en efecto, siguieron a Cobo, Prada y a quién sabe cuántas personalidades más.
COSPEDAL CITARA A EXPOLICIAS Seguramente, estos mismos argumentos son los que Granados esgrimió ante la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, a la que Rajoy ha encargado la investigación. Cospedal ya se ha visto con Aguirre y con el responsable de Interior, aunque piensa invitar a sus interrogatorios a "muchos otros" que pudieran aportar luz.
Con toda la información que recabe, piensa acudir al comité de derechos y garantías del partido y, si lo cree oportuno, al juzgado. Según Cospedal, es momento de velar por la dignidad de los espiados y, de paso, demostrar que el PP está en contra de esas prácticas ilegales, sea quien sea su autor. "Pido prudencia y diligencia", dijo.
La petición de prudencia de Cospedal iba dirigida a su vicesecretario, Esteban González Pons, que ayer quiso pasar la pelota del escándalo al tejado del Ministerio de Interior. La jugada no gustó ni a propios ni a ajenos. Precisamente sobre esta salida de González Pons se le preguntó, en una entrevista radiofónica, al presidente del PP. Rajoy evitó desautorizar a su compañero y achacó esa tesis a un sindicato policial. Eso sí, aprovechó la ocasión para reclamar colaboración, a la hora de desenredar esta madeja de espionaje, a las fuerzas de seguridad. Y avisó de que no se precipitará condenando a inocentes, pero que no tendrá piedad con los culpables.
