QUEJA DE ABOGADOS
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) emitió ayer un comunicado en el que critica que se autorizara judicialmente la grabación de las conversaciones celebradas en prisión entre los imputados en el caso Gürtelencarcelados y sus letrados. El CGAE considera que ese hecho supone una "violación del derecho de defensa y del secreto profesional" y, en definitiva, constituye "un gravísimo atentado contra el Estado de derecho".
CAMBIO DE DEFENSA
El colectivo de abogados recuerda que las grabaciones se autorizaron cuando la defensa del "presunto cerebro de la trama", en alusión a Francisco Correa, era asumida por "un abogado presuntamente implicado en la causa", pero denuncia que a pesar de que este fue sustituido por otro letrado, las escuchas siguieron. El comunicado de la abogacía subraya que esta práctica suele reservarse para casos de terrorismo o de aquellos en que se aprecie una clara implicación de un abogado en una situación delictiva.
LA ORDEN DE GARZON
El pasado 19 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó un auto ordenando la "intervención de las comunicaciones orales y escritas" de los presos Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez por su presunta implicación en la trama de corrupción. El magistrado cita en el mismo texto el artículo 51 de la ley orgánica general penitenciaria, que distingue las comunicaciones "generales" de los presos de las "particulares" con sus letrados. Las primeras pueden ser intervenidas por el director de la cárcel; las segundas requieren siempre una orden judicial.
LETRADOS Y SOCIOS
Casos de corrupción como el de la trama Gürtel han provocado la alerta de las autoridades sobre la posibilidad de que los abogados de presuntos corruptos sean en realidad sus socios y les ayuden a destruir u ocultar pruebas.
