Atres días del inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín, al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no le ha temblado el pulso a la hora de abrir una investigación contra miembros del Gobierno y el Ejército chinos, pese a la tensión diplomática que su acción pueda conllevar. El magistrado admitió ayer a trámite una querella de varias organizaciones de apoyo al Tíbet contra dos ministros, tres altos cargos y dos miembros de las Fuerzas Armadas de la República Popular China por la represión que tuvo lugar en el Tíbet el pasado marzo, cuando los monjes tibetanos aprovecharon que la comunidad internacional estaba pendiente de la organización de los Juegos Olímpicos para exigir el reconocimiento de sus derechos.

Según los querellantes --el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y el ciudadano Tubten Wahghen Sherpa Sherpa--, el pasado 10 de marzo los siete jerarcas chinos acusados dirigieron un ataque "sistemático y generalizado" contra la población civil tibetana que provocó al menos 203 muertos, un millar largo de heridos graves y casi 6.000 desaparecidos. A su juicio, esta acción acarrea la comisión de un delito de lesa humanidad --tipificado en el artículo 607 bis del Código Penal-- porque ordenaron de forma "intencionada" asesinatos, lesiones graves, desapariciones forzosas, detenciones y privaciones de libertad, "con la infracción de las normas internacionales" que ello conlleva.

El anuncio de la apertura de la investigación obligará a Miguel Angel Moratinos a cambiar su plan de viaje al llegar al país asiático. El ministro de Exteriores, que aterrizó esta madrugada en Pekín para asistir a la ceremonia de inauguración, tendrá que empezar su estancia dando explicaciones y tranquilizando a su homólogo chino en la entrevista que mantendrán al mediodía, para evitar una crisis diplomática tres días antes del inicio de los Juegos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, intentó quitar importancia al hecho y negó que la decisión judicial abra un conflicto en las relaciones bilaterales, porque "hay respeto y principio de soberanía", apuntó, informa Patricia Martín. Sin embargo, fuentes diplomáticas españolas reconocen que la decisión del juez Pedraz ha molestado al Ejecutivo. "Podrían haber esperado una semana, dos, un mes. Los hechos son de marzo, ¿por qué justamente ahora?", se preguntaba ayer un alto cargo del Ministerio de Exteriores.

CONSEJOS A LOS DEPORTISTAS De la Vega respaldó la decisión del Comité Olímpico Español de pedir a los deportistas que no hagan manifestaciones políticas en Pekín. La vicepresidenta dijo que la familia olímpica "tiene unas normas establecidas que deben ser respetadas" y recordó que el punto 50.3 prohíbe manifestaciones de carácter político, religioso o racial en la villa.