Contra lo que habían pronosticado, los gobiernos español y francés no cerraron ayer en la reunión de alto nivel de Zaragoza el pacto europeo sobre inmigración. Tanto el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, como el primer ministro francés, François Fillon, destacaron que se está cerca del acuerdo, pero quedan detalles por pactar.

Los dos puntos principales de discrepancia son el contrato de integración que propone Francia, al que España se opone, y la prohibición de las regularizaciones masivas. Diversas autoridades españolas han asegurado en las últimas semanas que el contrato había desaparecido del texto. Preguntado ayer sobre este asunto, Fillon dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión: "No hay nada quitado ni añadido, discutimos". El ministro español de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, interpretó estas palabras en el sentido de que no se ha quitado ni añadido porque el contrato ya no figura en la propuesta. El ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, declaró hace ocho días en París que el contrato era "un tema menor" de "un gran pacto", pero de sus palabras se desprendía que seguía en el texto.

Fuentes gubernamentales españolas aseguraron que el texto final recogerá buena parte de las sugerencias del Gobierno español: "El texto, desde luego, será menos duro que el propuesto inicialmente por Francia".

El contrato de integración que Francia propuso debía recoger la obligatoriedad de que los inmigrantes aprendieran el idioma del país de acogida y aceptaran las costumbres y valores europeos. España sostiene que con la aplicación de las leyes de cada país es suficiente.

"BUENA INICIATIVA" Zapatero afirmó que en el pacto sobre inmigración "hay un avance sustancial", aunque "quedan algunos temas por discutir", y minimizó el hecho de que aún no haya acuerdo. "Esta cumbre no estaba convocada para llegar a un pacto sobre inmigración", dijo. Tildó de "muy buena iniciativa que haya un pacto entre Francia y España" sobre inmigración para presentar después, en octubre, a los demás socios de la Unión Europea (UE). Fuentes gubernamentales habían tenido interés previamente en señalar que el pacto no se plantea como una iniciativa franco-española, sino como una propuesta francesa con apoyo español.

En el otro punto conflictivo, la prohibición de las "regularizaciones generalizadas" o masivas, España no se opone a rechazarlas siempre que se precise que la condena se refiere a medidas arbitrarias, en las que no se examina caso por caso y no se tiene en cuenta el mercado de trabajo. Así, España justificaría a posteriori la regularización masiva en el 2005 de más de 600.000 inmigrantes con contrato de trabajo criticada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy.