La situación jurídica abierta tras el atentado de Yemen del pasado lunes, en el que murieron siete españoles, plantea un conflicto desde el punto de vista del derecho internacional, ya que una extradición, en principio, solo se puede cursar cuando el delito se ha cometido en suelo español, como el caso de los etarras detenidos en Francia con casos pendientes en España.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, "el Gobierno de Yemen podría soslayar" el obstáculo que supone la inexistencia de un convenio de extradición si se llegase a un acuerdo para que los detenidos por el atentado pudieran ser juzgados en España. Las mismas fuentes añadieron que, "si existe la voluntad necesaria" desde ambos gobiernos, "se podría llegar a un acuerdo" para que los presuntos responsables fuesen juzgados por la Audiencia Nacional.
