Azuzado por el malestar de los catalanes --Cercanías, apagón, peajes-ratonera...-- y por el impacto que este pueda tener en las elecciones generales de marzo, José Luis Rodríguez Zapatero da al fin muestras tangibles de redención. Ayer, su vicepresidente Pedro Solbes, poco amigo de alegrías presupuestarias, cedió ante el consejero catalán Antoni Castells y aceptó elevar un 26% la inversión estatal en Cataluña, que el próximo año recibirá unos 4.300 millones de euros para infraestructuras.
Siete meses de negociaciones entre los equipos de Solbes y Castells dieron ayer finalmente su fruto. Y es que, aunque el vicepresidente se encastillaba en la interpretación restrictiva que hizo el pasado año de la disposición adicional tercera del Estatuto--la que obliga al Gobierno a destinar a Cataluña el 18,8% de las "inversiones en infraestructuras"--, las elecciones municipales del pasado mayo alteraron el orden de prioridades de Zapatero.
La debacle socialista en las comunidades de Madrid y Valencia le aconsejaba afianzar sus feudos electorales de Andalucía y Cataluña, y este último podía tambalearse si el Estatut se seguía aplicando a un sospechoso medio gas.
