Hasta ahora, apenas ha hecho ruido. La aprobación en las Cortes de Aragón del nuevo Estatuto de esa comunidad fue tan tranquila y el consenso alcanzado es tan amplio que el presidente del Parlamento autónomo, Francisco Pina, se quejó ayer, después de entregar el texto al Congreso de los Diputados, Manuel Marín, de que hay quien lo tacha de "anodino", cuando es un trabajo hecho "con rigor y seriedad". Pina salió del recinto convencido de que podrá entrar en vigor antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo del 2007.
El texto fue aprobado en un proceso inédito por la calma en que se desarrolló y por el consenso que se logró: es el primer estatuto promovido por el PSOE que es apoyado también por el PP, además de que salió de las Cortes sin votos en contra.
El nuevo Estatuto presenta varios cambios, y es, según Pina, "una reforma ambiciosa pero constitucional". Entre las novedades figura un título sobre "los derechos de los aragoneses", que reconoce el derecho a morir con dignidad --que también existe en el catalán y que provocó el rechazo del PP-- y a compatibilizar la vida familiar con la laboral.
En otro título, sobre los derechos relativos al agua, obliga a los poderes públicos a evitar trasvases hidrológicos de las cuencas aragonesas, estableciendo una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos de agua del Ebro que no podrán salir de Aragón.
En Zaragoza, el presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, destacó el consenso con que fue aprobado y la novedad del tratamiento que en el texto se le da al agua. Adelantándose a la oposición de la Generalitat valenciana a estas provisiones en el nuevo texto, Iglesias pidió que "todo el mundo sea coherente con lo que apoya", y advirtió que, si el PP de Valencia "no piensa lo mismo que el de Aragón", es porque los populares aragoneses han evolucionado "para bien" y los valencianos mantienen políticas añejas.
