El Gobierno ha optado por aplicar a ETA la misma política criminal que se practica contra el terrorismo islamista. Esta estrategia ha sido consensuada internacionalmente y consiste en detener a los implicados con el fin de evitar atentados. De este modo, aunque las condenas quedan limitadas a delitos menores como colaboración con una organización terrorista, se evita que puedan actuar. Desde que ETA finiquitó la tregua el 5 de junio, la policía ha optado por detener a los etarras y no esperar a obtener más información sobre sus movimientos.