Los servicios de información antiterrorista supieron en los últimos días de la existencia de un nuevo documento estratégico elaborado por miembros de la cúpula de ETA que fija cuál ha de ser la línea de actuación de la izquierda aberzale ante el nuevo calendario de actos planificados por la banda y que incluye la ejecución de "al menos, dos ekintzas (acciones planificadas) de envergadura", entre los que estaría un secuestro, según confirmaron ayer a este diario fuentes de la lucha antiterrorista. El documento no concreta ni cómo, ni cuándo ni contra quién atentar, pero el mismo lunes por la mañana el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, supo antes de viajar a Bilbao que la acción era "inminente". Fueron los propios mandos policiales los que pidieron al ministro que desvelara públicamente las intenciones de los etarras para reactivar la alerta entre las posibles víctimas tras la relajación que se instala tras casi cinco meses sin atentados.
Media hora antes de comparecer junto al consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, Rubalcaba alertó a los interlocutores de los colectivos con más riesgo de sufrir un secuestro: políticos y empresarios vascos. Al dirigente del Partido Popular Federico Trillo, el ministro le telefoneó personalmente.
MEJORAR LA SEGURIDAD Ayer y tras recibir numerosas críticas, especialmente duras por parte de los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil que le acusaron de "irresponsable" por anunciar un secuestro y dar que hablar de ETA, Rubalcaba volvió a referirse a los planes terroristas y explicó, en Radio Euskadi, por qué decidió romper su prudencia habitual. "No se trata de una ocurrencia de una tarde. Tras una evaluación muy seria, lo pensamos bien y decidimos que contarlo era lo más oportuno para mejorar la seguridad de la gente", explicó el ministro.
Y en algunos sectores, además de activar la autoprotección, el anuncio causó "extrañeza", como confesó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien manifestó, tras la reunión del comité de dirección de su partido, que, además de la advertencia, espera que Interior haga "lo posible para evitarlo". Por lo pronto, ayer mismo el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, activó el nivel 2 de alerta antiterrorista que, de los cuatro niveles existentes, implica un riesgo probable de atentado terrorista. Una alerta que Camacho enmarcó en el contexto de la inminente presidencia española de la Unión Europea y la persistencia de la amenaza terrorista internacional, cuyo último episodio fue el atentado frustrado en el vuelo entre Amsterdam y Detroit.
El inusual anuncio de Rubalcaba también descolocó a la izquierda aberzale, que no dudó en calificar las palabras del ministro de "clara intoxicación" en un momento "crucial" para el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, quien recordó que están a punto de cumplirse cinco meses sin atentados.
Los analistas antiterroristas han tenido en cuenta el debate interno que hay en ETA sobre la continuación de la lucha armada y el papel que ha de asumir la izquierda aberzale ilegalizada. Los últimos documentos incautados a la banda vendrían a poner freno a ese debate revalidando el papel de los que siguen apostando por las acciones terroristas. En ese complicado debate que se intenta realizar en la clandestinidad y con muchos de sus protagonistas ahora mismo encarcelados, ha sido notoria la carta redactada por el líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegui, quien afirmaba que quien se resiste a dejar la violencia o no está en sus cabales o trabaja para el enemigo.
MANTENER LA ATENCION Con la acción, ETA irrumpiría en el debate con la astucia de evitar muertes, asumiendo un secuestro duradero que la mantuviera en primera línea de atención sin derramar sangre. Y eso que mantiene su capacidad de hacerlo y como mínimo dos comandos operativos, que ya podrían haber cruzado la frontera. Después de unos primeros meses de año en los que rara fue la quincena en la que no se desarticuló algún comando de la banda terrorista, al silencio etarra se sumó un freno en la eficacia policial, pendiente de la detención de los autores de las tres últimas muertes: el inspector de policía Eduardo Puelles y los dos guardias civiles asesinados en julio en Palma de Mallorca.
