ETA no quería correr riesgos. La banda terrorista exigió a las personas que se encargaban de captar a la nueva estructura de la banda, informes detallados sobre su vida personal como aficiones, estudios, relaciones con personas de confianza o su filiación política. Esos datos eran remitidos a los responsables de esta red, residentes en Francia, ya que eran los encargados de dar el visto bueno a los posibles candidatos.

Sin embargo, los informes acabaron, el pasado mes de diciembre, en manos de la policía francesa en la documentación intervenida en un piso de Tarbes, según informa Europa Press. Esa vivienda era utilizada por el que fuera número uno del aparato militar, Ibon Fernández Iradi, Susper , actualmente en paradero desconocido, Obanos Sainz de Murieta y Lorena Somoza Chamizo. Los tres fueron detenidos el pasado 19 de diciembre.

Entre los informes intervenidos por la policía francesa figuran los referidos a la pareja de novios, Itsaso Garmendia Argaiz y Bittor Imanol García. Uno de los captadores aludía a ella como "Itsaso, la que anda con Bittor, el de Portugalete".

De otro arrestado se dice que su padre es del PSOE y que fue reconocido en una foto de un periódico cuando participaba en una protesta contra el secuestro del concejal del PP Miguel Angel Blanco. En los informes figuran desde los deportes que practican los aspirantes a colaborar con ETA, su trabajo, estudios y si tienen coche.

DATOS SOBRE ASESINADOS

La policía investiga la posible participación de algunos de los 34 detenidos en la búsqueda de información sobre objetivos de la banda. Tratan de establecer si alguno facilitó a ETA datos sobre el empresario José María Korta, asesinado en el 2000, y para cometer los últimos asesinatos: el de los dos policías de Sangüesa (Navarra) y el del guardia de Andoaín Joseba Pagazaurtundua.

Precisamente, Abc desveló ayer que el Ayuntamiento de Andoain, gobernado por Batasuna en la anterior legislatura, compró con dinero público un ordenador para Asier Oyarzabal Txapartegi, Baltza , encarcelado en Francia desde septiembre del 2001 acusado de dirigir el aparato logístico de ETA. La familia de Baltza compró el ordenador, que costó 2.057 euros (342.000 pesetas), y envió la factura al ayuntamiento.