Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen constancia de al menos cinco secuestros exprés a empresarios llevados a cabo por ETA desde el año 2000. Es una estrategia alternativa a la exigencia del impuesto revolucionario y a las aportaciones que los terroristas comenzaron a potenciar tras la ilegalización de Batasuna. La banda retiene a la víctima en un lugar poco frecuentado y le exigen que reconozca por escrito que tiene una deuda con la banda. La víctima les firma un pagaré que la banda cobra poco después.
