El ministro de Justicia, José María Michavila, anunció ayer que en febrero presentará a los grupos parlamentarios un paquete de reformas para que los terroristas cumplan la pena máxima de 30 años sin acogerse a los beneficios penitenciarios, salvo que muestren arrepentimiento y renuncien a la violencia.
El Ejecutivo estudia la fórmula en que se concretará este acto de contricción, aunque fuentes del Pacto Antiterrorista avanzaron que deberá plasmarse por escrito.
Michavila, que compareció en el Congreso, confirmó este proyecto --adelantado por este diario el 13 de septiembre-- e invitó a los grupos a acordar los cambios legales que sean precisos para endurecer el castigo a los violentos.
El socialista Juan Fernando López Aguilar anunció que su partido ya tiene a punto la propuesta de modificación de la ley penitenciaria, que pretende persuadir al mayor número de etarras para que renuncien a la violencia.
