Urbanismo "desenfrenado" movido por "la ambición y la avaricia", "expolio" de la comunidad y su patrimonio cultural, "cáncer de viviendas clónicas" que benefician a urbanizadores, constructores, arquitectos y abogados. En definitiva, mucha presión empresarial que algunos ayuntamientos aceptan de forma pasiva y otros de forma activa. Estas son algunas de las duras críticas que dedica a la Comunidad Valenciana el informe de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo sobre abusos urbanísticos en España, aprobado ayer con la única oposición de los eurodiputados del PP.

El origen de tan duro documento son 15.000 quejas presentadas por ciudadanos europeos desde principios del 2003. Esas reclamaciones estuvieron ayer físicamente presentes en la reunión de la comisión de peticiones, dentro de dos grandes baúles que llevó expresamente a la sala uno de los ponentes del informe, Michael Cashman, para demostrar que no son producto de su "imaginación", como afirma el PP. Pese a la evidencia de su existencia, el consejero valenciano de Territorio, Esteban González Pons, mantuvo ayer también en Bruselas que no existe tal volumen de quejas.

"En ningún otro país se abusa de la propiedad como en España", acusó Cashman. "Miles de personas han comprado de buena fe y viven bajo una espada de Damocles", advirtió.

El informe denuncia que hay muchos ciudadanos que compran una vivienda que luego resulta ilegal. Dice que tienen "motivos fundados" para creer que la Generalitat valenciana infringe disposiciones comunitarias al aprobar grandes proyectos. Para resolver esta situación, la comisión pide una definición precisa del "interés general" que justifica las apropiaciones, crear comisiones de arbitraje ante problemas urbanísticos con la presencia de defensores del pueblo locales y que se reconozca el derecho a disfrutar de la propiedad legítimamente adquirida.