El juez Baltasar Garzón dejó ayer en libertad sin medidas cautelares a los exalcaldes de Arganda y Pozuelo, Ginés López y Jesús Sepúlveda, respectivamente, después de que estos se negaran a declarar hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decida si asume la competencia de esta causa. La misma pauta fue seguida por el director general de gestión urbanística de Boadilla del Monte, Tomás Martín Moral.
El único que declaró, por espacio de una hora y media, fue Ricardo Galeote, hermano del eurodiputado popular Gerardo, al que la fiscalía anticorrupción no ha querido imputar todavía. Galeote fue asistido por el exjuez Javier Gómez de Liaño, enemigo confeso del magistrado Baltasar Garzón. El letrado explicó que su cliente intentó demostrar que "no ha recibido nada ajeno a su condición de concejal". El juez le imputa haber cobrado 42.469 euros de la trama de Francisco Correa.
El padre de los Galeote, José, de 83 años, no compareció ante el juez, ya que estaba ingresado por problemas cardíacos. Este imputado, que pudo haber percibido 612.506 euros de la red corrupta, está asistido por la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, esposa de Gómez de Liaño. Tampoco compareció Carlos Clemente Aguado porque reside en Colombia. Este imputado fue diputado de la Comunidad de Madrid y también asesor del exministro de Justicia José María Michavila.
El juez acusa a estos seis imputados de haber cobrado 2.521.005 euros de la red que dirigía Correa y les imputa asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo de dinero.
Mientras, los casos de corrupción siguen salpicando con fuerza a Unió Mallorquina. La policía detuvo ayer a Gonzalo Aguiar, director de Carreteras del Consejo insular de Mallorca y militante de UM, partido bisagra de Baleares exsocio del PP y actual aliado del PSOE.
