La asesoría Camarcas, propiedad de Carlos Fabra, cobró de la aseguradora Unión de Mutuas 134.783 euros (22,4 millones de pesetas) entre el 2001 y 2002. La Diputación de Castellón, de la que Fabra es presidente, tiene contratados con esa compañía los seguros de sus trabajadores. También están afiliados los empleados de instituciones dependientes. El líder provincial del PP es además consejero de la mutua desde 1995, cuando accedió a la presidencia de la Diputación.
Tres años después, dos de los hijos de Fabra, Claudia y Carlos, empezaron a percibir dinero de Unión de Mutuas en concepto de comisiones por venta de seguros. Fueron 162.000 euros entre 1998 y 2000. La esposa de Fabra, Amparo Fernández, está en la nómina de la firma y percibe 1.500 euros mensuales, aunque según fuentes de la empresa, no tiene lugar de trabajo en sus dependencias.
Es en diciembre del 2000 cuando Fabra crea la sociedad Carmacas y empieza a facturar desde ella a Unión de Mutuas, según consta en la contabilidad presentada por Fabra en el juzgado número 1 de Nules.
En los balances aparecen los pagos que Vicente Vilar (el empresario que denunció a Fabra) hizo al presidente de la Diputación por varios informes presuntamente ficticios a través de sus empresas Naranjax (107.951 euros) y Artemis 2000 (83.660 euros). Según Vilar, estos pagos eran "un peaje" por influencias ante varios ministerios para la autorización de plaguicidas agrícolas de dudosa legalidad.
INGRESOS OSCUROS El punto más oscuro de Carmacas son los 960.000 euros (160 millones de pesetas) de clientes no identificados. Son cinco pagos de 192.016 euros, de los que no consta su origen, a diferencia de varios ingresos por un monto de 153.377 recibidos de la empresa Cottocer S.L., propiedad de Fernando Roig, presidente del grupo cerámico Pamesa y del Villarreal Club de Fútbol.
