Los familiares de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 han pedido hoy en la Audiencia Nacional que declaren como testigos el ex presidente del Gobierno José María Aznar y los ex ministros Federico Trillo y José Bono en el juicio que se celebrará por la identificación errónea de los cadáveres. Fuentes de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak-42 han confirmado que esta mañana han presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska el escrito de acusación, previo a la celebración del juicio, cuya fecha aún no ha sido fijada, en el que solicitan que testifique Aznar y Trillo con el argumento de que "precipitaron" la fecha del funeral de los militares.

También han pedido que comparezcan en la vista oral los tres presidentes que han estado al frente de la asociación de familiares y los altos mandos militares Vicente Moreno Barberá, Luis Alejandre y Eduardo González Gallarza, que fueron quienes organizaron el funeral en Torrejón de Ardoz Madrid) dos días después del accidente, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía). Los dos ex ministros de Defensa -Trillo por escrito- ya han prestado declaración en la fase de instrucción en relación con las diligencias abiertas por las deficiencias en la contratación del avión, que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003.

Respecto a las presuntas irregularidades en la identificación de los cuerpos, el pasado 29 de abril Marlaska tuvo que reabrir la causa, que había archivado el 22 de noviembre del año pasado, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se lo ordenara al creer que las identificaciones de 30 de los 62 cuerpos se hicieron "erróneamente". El tribunal obligaba a continuar la causa por el delito de falsedad documental contra el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez, para quienes las familias reclaman seis años de prisión para cada uno de ellos por un delito de falsedad documental continuada.

El fiscal de la causa Fernando Burgos, que presentó al juez su escrito de acusación el 29 de mayo, solicita cinco años de cárcel para el general Navarro, a quien le acusa de elaborar la lista con los militares muertos y de "rellenar" de forma arbitraria los treinta espacios en blanco que correspondían a los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar. A Ramírez y Sáez Burgos, que pide para ellos cuatro años y medio de cárcel, les responsabiliza de hacer un informe de necropsia con 30 identificaciones realizadas de forma aleatoria.